PRIMER BATAZO A RUBÉN
Su proceso para que lo reinstalen en la UAZ no comenzó bien. En el Tribunal Laboral (debió ser la jueza Susana del Hoyo) previnieron, requirieron y apercibieron al ex rector Rubén Ibarra para que solvente las inconsistencias de su demanda, documentada en el expediente 0045/2026, o no procederá. Académicos que no quieren que el ex rector regrese a la universidad adelantan que corregirá su demanda. Y lo que piden es que Fernando Hazael Huerta, subalterno del encargado del área jurídica, César Augusto Rivera, no meta las manos para ayudarle a Rubén. Dicen los venenosos que tan cercano es Hazael del ex rector, que recurriendo a ciertos lazos familiares con la cantante Guadalupe Pineda, buscó que el cónyuge de ella, Antonio Lozano, defendiera a Ibarra cuando estuvo detenido por abuso sexual contra una niña, delito del que se declaró culpable. Pero el ex procurador durante el sexenio de Zedillo los mandó por un tubo.
DOS ASUNTOS PENDIENTES
Las lenguas viperinas revelan que altos mandos de la gobernanza reconocieron dos principales problemas que se deben de atender antes de que se pudiera imponer a Verónica “N” como candidata para 2027. Esos dos obstáculos son el senador Saúl Monreal y el diputado federal Ulises Mejía. El primero es un bastión de resistencia contra la secta de Los Malvados y parece que no hay ofrecimiento ni negociación que lo haga cambiar de parecer; el otro ya se da por ganador de las encuestas, aunque es mucho menos temperamental que el senador. En la gobernanza saben que hay más bloques de resistencia, pero esos dos son los que más les preocupan.
INHABILITACIONES ‘MINIS’
No hay mucho avance que sea verdaderamente relevante en las cacerías de la Función Pública. Pero, por el momento, pueden presumir que inhabilitaron a Laura Susana González y Gustavo Adolfo Pérez, quienes fueran directora de Adquisiciones y subsecretario de Recursos Materiales en Administración, durante el quinquenio de Alejandro Tello. Pero estas inhabilitaciones son solo por tres meses. Y se trataban, cuentan las lenguas viperinas, de cuestiones administrativas por procesos de adjudicación, sin que fueran grandes escándalos de corrupción ni mucho menos. Más escandaloso podría ser que habrían pasado casi tres años para emitir esas sanciones de tres meses.
QUIERE LA AUDITORÍA FEDERAL
Alrededor de 50 personas o más se habrán registrado como aspirantes a dirigir la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Uno de la lista es el ex secretario de Finanzas, Ricardo Olivares. El diputado federal Alfonso Ramírez ha dicho que se requiere tener un auditor del pueblo y no quiere que David Colmenares, actual titular de la ASF, vaya a reelegirse. Otros aspirantes parecen jugárselo todo para el puesto, como Ramón Santos, quien dejó su hueso de auditor en Veracruz para registrarse, como lo hizo desde el año pasado Emilio Barriga, ex auditor especial de Gasto Federalizado en la ASF. Por cierto, los venenosos cuentan que el auditor Raúl Brito se vio tentado a registrarse, pero no lo hizo.
ES INSTITUCIONAL
Morenistas malpensados se preguntaron cómo es que en la capital gestionaron 1 mil viviendas de la Conavi, siendo que ahí gobierna el PAN. La coordinadora estatal de la dependencia federal, Lolis Herrera, jura que los programas son institucionales y se atienden las peticiones para todo aquel que lo solicite y cumpla los requisitos. En ésas andan las presidencias de Jerez, Cuauhtémoc y Luis Moya, entre otras. Lolis aclara que ni ella ni el gobernador David Monreal ni los alcaldes y mucho menos los servidores de la nación tendrán mano negra para el reparto de las viviendas que se construyan.