VILLA GONZÁLEZ ORTEGA. Tras cumplirse dos semanas de paro en la presidencia municipal, la alcaldesa María Magdalena Alvarado García buscó que los manifestantes firmaran un convenio con nuevas cláusulas, sin consultar a los trabajadores eventuales que tienen cuatro y siete quincenas sin percibir su salario. A los afectados por este retraso se unen policías municipales.
Mediante un comunicado en redes sociales, los 17 trabajadores eventuales que exigen su salario explicaron que el ayuntamiento les entregó el 1 de abril el documento del acuerdo para firmarlo; sin embargo, lo rechazaron por completo.
“Declaramos con firmeza que jamás aceptaremos [firmar] ningún convenio o acuerdo que continúe denigrando nuestro salario, nuestras condiciones de trabajo y, por consecuencia, nuestro nivel de vida y el de nuestras familias”, aseguraron.
SIN CONSENTIMIENTO
Sobre su decisión, los manifestantes evidenciaron que la alcaldesa añadió dos cláusulas donde afirmaba, sin el consentimiento de los afectados, que “las partes” acordaban el incremento salarial para este 2026.
No obstante, lo anterior sería solo para aquellos empleados que se encuentren en “el supuesto establecido en la cláusula” de abonarles a partir de la segunda quincena de abril.
Mientras tanto, su retroactivo al 1 de enero se les pagaría desde la segunda quincena de junio, contemplando un plazo para liquidarlo hasta la última quincena de diciembre de 2026.
Asimismo, los inconformes señalaron que la segunda cláusula establecida por la alcaldesa indicaba que “las partes acordaban en lo sucesivo privilegiar el diálogo y la conciliación para dirimir cualquier conflicto ; que el diálogo se agotara hasta su última instancia antes de tomar una medida unilateral, coercitiva, de represalia o toma de instalaciones públicas, por cualquiera de las partes”.
En el documento también se obliga a los empleados a respetar la decisión de la autoridad municipal de que, si ésta no tiene posibilidad económica para realizar el pago puntual, el salario se abonará una quincena después.
SIN GARANTÍAS PARA TRABAJADORES
Luego de exponer las obligatoriedades impuestas en el convenio, los afectados rechazaron “categóricamente la información difundida, ya que no refleja la realidad que vivimos como trabajadores”.
Sostuvieron que determinaron alzar la voz ante las imposiciones por parte del ayuntamiento, y que no tienen temor de hacerlo para defender sus derechos laborales “que han sido vulnerados de manera constante”. Por ello, reiteraron, jamás aceptarán algún convenio que continúe denigrando su salario.
Reprobaron que el acuerdo presentado por las autoridades no brinda ninguna garantía de seguridad ni certeza para ellos o sus familias.
Aunque reconocieron que ya se hacen esfuerzos para cubrir sus sueldos, los afectados advirtieron que solo el pago correspondiente al salario mínimo, que por ley se otorgará a partir de este año, se pretende negociar “como si fuera una concesión”.
Por otra parte, señalaron que varios elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) tampoco han percibido las últimas tres quincenas y todavía se les debe la mitad del aguinaldo.
Advirtieron que Magdalena Alvarado justifica el retraso debido a que no tiene recursos suficientes para pagarles con el Fondo 4 federal asignado a Seguridad Pública, aunque a los efectivos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) adscritos al municipio sí se les entrega una despensa.
SIN DIÁLOGO
Los trabajadores aclararon que recibieron la propuesta de convenio sin algún acercamiento por parte de la alcaldesa para conocer su postura al respecto, “lo que demuestra falta de voluntad para un diálogo real”.
Reprobaron que, en poco más de 15 días de protesta en la alcaldía, han recibido un trato indigno por parte de la oficina de Recursos Humanos, aunque su manifestación “no es un acto de confrontación, sino de dignidad”.
Por ello, exigieron un alto a los agravios y reiteraron: “Sin justicia laboral no hay paz social; nuestros derechos no se negocian, se respetan”.