Un grupo de mujeres protestó fuera del Centro de Rehabilitación Agua Viva AC para denunciar violaciones a sus derechos humanos, presuntamente por parte de la administradora del lugar, Adriana del Muro Troncoso, quien negó las acusaciones. Exigieron que sea removida del cargo, que el lugar opere bajo vigilancia y llamaron a otras afectadas a presentar una denuncia colectiva.
Las manifestantes se plantaron en el exterior del edificio, ubicado en la calle Argentina 43, colonia Las Américas, en Guadalupe, donde con pancartas demandaron una rehabilitación digna para las internas.
Casandra Estefanía Vázquez, quien recibió tratamiento en el lugar, denunció que las mujeres que se encuentran internadas son “maltratadas, abusadas y explotadas”.
Destacó que cuando una mujer tiene una preferencia sexual diferente “se les castiga horrible, no les dan de comer, las ponen a limpiar el suelo, las humillan, les quitan el sueño, no las dejan dormir, eso cae en la tortura, y todo el tiempo están bajo llave”.
SIN EVALUACIONES
Laura Saldaña también acusó ser víctima en el centro de rehabilitación, pues llegó al lugar por violencia intrafamiliar, pero la internaron sin tener una evaluación adecuada para determinar si era necesario su ingreso.
“Pasé de un episodio de violencia familiar a un lugar donde me amarraron, me golpearon, me humillaron, me castigaron, por siete días me hicieron fregar el piso toda la noche sin dormir y hacer ayuno por 12 horas”, denunció.
Explicó que su internamiento fue por dos meses, pero su familia se dio cuenta de las irregularidades con las que opera este espacio.
Pese a que acudieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), enfatizó, “no se nos hizo mucho caso”, debido a que estas violaciones se registraron en 2024.
EXIGEN VIGILANCIA
El grupo de mujeres precisó que con la manifestación no esperan que cierre el centro de rehabilitación, pero sí que se regularice y se vigile, “de ser necesario que cambie de líder por una persona que realmente tenga voluntad y quiera ayudar a las personas”.
A las familias se les cobra una cuota de 14 mil pesos, pero “las internas de confianza van al Mercado de Abastos a recoger sobras, o lo que les regalen, haciéndolo ver como una bendición, cuando a veces es fruta o verdura en mal estado”.
Janeth Calderón, quien también estuvo internada en Agua Viva, reclamó que la administradora abusa de quienes siguen un tratamiento: “a mí me llegó a desnudar sin preguntarme, […] se me culpó que tenía las llaves de la casa, yo no las tenía, pero esta señora me echó la culpa y me hizo quitarme la ropa”.
A más de un año de estos hechos, expuso que también se le negó el proceso para denunciar en la FGJE, por ello, llamó a personas que hayan salido hace menos de un año del centro de rehabilitación para interponer una denuncia colectiva.
NIEGA ACUSACIONES
En el lugar se encontraba la administradora Adriana del Muro Troncoso, a quien se le cuestionó sobre las acusaciones en su contra, las cuales negó y aseguró que “son las personas que salen inconformes por no querer cumplir reglamentos, ellas hablan de acusaciones falsas”.
Se limitó a declarar: “aquí no hay maltratos, todo el edificio es un circuito cerrado para proteger tanto al usuario como a nosotros” y aseguró que desconoce el porqué de los señalamientos que realizan en su contra. “Son gente que no quiere cambiar”, insistió.
Llaman a reforzar vigilancia en centros de rehabilitación
Tras la protesta en Agua Viva de Guadalupe, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) llamó a reforzar la vigilancia de los centros de rehabilitación y ofreció asesoría a las personas que denunciaron abusos para que acudan con las autoridades competentes.
En un comunicado, la CDHEZ rechazó cualquier acto u omisión que atente contra la integridad, la libertad y el respeto a las garantías individuales de quienes se encuentran en este tipo de espacios, independientemente de su naturaleza jurídica.
En el sitio se señalaron presuntas violaciones a los derechos humanos e incluso delitos, por ello, la comisión reiteró su compromiso con la protección de la dignidad de todas las personas.
De conformidad con la ley de este organismo defensor, en casos que involucren a particulares, como ocurre con centros de rehabilitación administrados de manera privada, la CDHEZ no tiene facultades para investigar directamente dichos actos.
Sin embargo, sí puede dar orientación, asesoría y acompañamiento a las personas afectadas para que acudan ante las autoridades competentes en materia administrativa y de procuración de justicia.
Asimismo, llamó a las autoridades competentes para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan los mecanismos de regulación, supervisión y, en su caso, autorización del funcionamiento de centros de rehabilitación, a fin de garantizar que operen bajo condiciones dignas, seguras y con pleno respeto a los derechos fundamentales de las personas internadas.
De igual manera, exhortó a que se realicen revisiones periódicas que permitan verificar el cumplimiento de la normativa aplicable.
También invitó a la ciudadanía a acercarse a la CDHEZ en caso de requerir orientación o acompañamiento jurídico, ante las instancias administrativas y de procuración de justicia correspondientes para salvaguardar los derechos de las personas afectadas.