ZACATECAS. El Grupo de Acompañamiento a las Mujeres de la Comunidad Universitaria llamaron al Consejo Universitario a fortalecer el proyecto de Protocolo de actuación para la prevención, atención, sanción y erradicación de todos los tipos y modalidades de violencias en la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) con estándares jurídicos internacionales y nacionales en materia de derechos humanos.
Mediante un escrito, las universitarias consideraron necesario que el protocolo debe contener los criterios establecidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia de género en contra de las Mujeres, así como en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General de Víctimas.
Dicha convención, explicaron, obliga a las instituciones del Estado, incluidas las universidades públicas, a actuar con debida diligencia, para garantizar y poner en el centro a las víctimas, la no revictimización y su participación efectiva en los procesos que les afectan.
El Grupo de Acompañamiento realizó además observaciones a la Convocatoria para participar en la Mesa de Trabajo para la elaboración del proyecto de protocolo, señalaron como indispensable ampliar los mecanismos de participación para incluir a organizaciones de la sociedad civil, colectivas, egresadas y quienes hacen acompañamiento en los procesos de queja y denuncia.
Destacaron que la convocatoria debe centrarse en garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y sobrevivientes de las violencias, porque “no las coloca explícitamente en el centro, por lo tanto, se deben incorporar en las bases como un principio rector: la centralidad de las víctimas, la no revictimización y el debido proceso”.
Asimismo, propusieron cambiar el nombre al protocolo a “Proyecto de Protocolo de Actuación para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de las Violencias en la UAZ”, ya que el hablar de violencias permite reconocer se trata de una materia compleja, interseccional y en constante transformación, lo que habilita al protocolo para responder de manera más flexible y situada, visibilizando la pluralidad de éstas.
En relación con la integración de la Comisión Operativa encargada de la sistematización y redacción del Proyecto de Protocolo, advirtieron que su composición presenta una mayoría institucional, al contemplar un número predominante de autoridades universitarias frente a la representación de la comunidad.
“Esta configuración genera un riesgo de control institucional del documento final, al concentrar la toma de decisiones en actores que forman parte de la estructura que, en muchos casos, ha sido señalada por omisiones o respuestas insuficientes frente a la violencia de género”, destacaron.
Expusieron que necesario incluir los medios de difusión por los que se dará a conocer la convocatoria. “Resulta indispensable para garantizar los principios de máxima publicidad, transparencia y participación efectiva que rigen los procesos públicos en materia de derechos humanos”, enfatizaron.