ZACATECAS. El gobernador David Monreal Ávila presentó un proyecto de ley para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión. La propuesta tiene el objetivo de fortalecer el marco legal y alinearlo con la legislación nacional vigente para hacer frente a este delito.
Dicho proyecto, que la diputada Ruth Calderón Babún abordó en tribuna, deriva de una Ley General, publicada el 28 de noviembre de 2025, para combatir la extorsión en todo el territorio nacional, y que establece la unificación de criterios para perseguir estos delitos.
“Zacatecas busca transitar de un esquema de persecución fragmentado hacia un modelo unificado, donde el Estado asuma la persecución del delito de oficio, garantizando que el combate a la extorsión no dependa exclusivamente de la denuncia formal, protegiendo así a las víctimas frente a posibles represalias y asegurando una intervención institucional inmediata”, indica la iniciativa.
Entre las normas que propone dicha ley está que el Estado utilice tecnologías para inhibir la entrada y salida de llamadas en centros penitenciarios.
También plantea que todas las autoridades del Estado, en el ámbito de sus competencias, estén obligadas a prevenir, sancionar, investigar y perseguir la extorsión.
ANTECEDENTE
En abril de 2024, la Legislatura aprobó un dictamen para reformar el Código Penal del Estado, para sancionar con ocho y hasta 16 años de prisión a quien cometiera el delito de extorsión en sus distintas modalidades, como el cobro de piso, amenazas telefónicas para exigir dinero, entre otras.
Además, planteaba castigos de cuatro a ocho años de cárcel a quien coloque ponchallantas, clavos, varillas y otros materiales para impedir el paso de vehículos o dañarlos, pues se considera un atentado contra la seguridad.
PIDEN PERSEGUIR DE OFICIO VIOLENCIA FAMILIAR
Durante la sesión de este martes, la legisladora Isadora Santivañez Ríos presentó una propuesta de reforma al Código Penal para que la violencia familiar sea perseguida de oficio.
Advirtió que es insostenible jurídicamente que “la persecución del delito de violencia familiar se encuentre condicionada a la voluntad de la víctima, mediante la figura de querella”.
En esta situación, criticó que se olvidan factores como la dependencia económica que pueden tener las víctimas o el temor a represalias.
Por otra parte, en la sesión también se aprobó un punto de acuerdo que propuso el legislador Pedro Martínez Flores para que las autoridades lleven un registro sobre el consumo de vapeadores y se establezcan acciones de prevención de esta práctica.
También fue avalado otro exhorto propuesto por el morenista Jaime Esquivel Hurtado, para que autoridades federales como la Secretaría de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) revisen las variaciones en el precio del diésel.