CIUDAD DE MÉXICO. El Gobierno federal identificó y detuvo a Alcaldes y funcionarios municipales del oriente de Morelos que formaban parte de una presunta red de extorsión enquistada en ayuntamientos.
Entre los involucrados hay Alcaldes, ex Alcaldes, tesoreros y operadores políticos señalados de colaborar con grupos criminales que imponían cobro de piso a comerciantes, transportistas y familias de esta región.
Las autoridades identificaron una presunta estructura de protección institucional que operaba desde posiciones municipales en Cuautla, Atlatlahucan y Yecapixtla, cuyos integrantes están bajo investigación por delincuencia organizada, extorsión y vínculos con el Cártel de Sinaloa.
La Secretaría de Seguridad (SSPC) capturó a Agustín Toledano Amaro, Alcalde de Atlatlahucan (PRI-PAN-PRD-RSP), y a Irving Sánchez Zavala, ex Alcalde de Yecapixtla (PAN), quien fue detenido en Querétaro.
También fueron capturados Pablo Adrián Portillo, empresario y Oficial Mayor de Cuautla (PAN-MC); Horacio Zavaleta Malacara, Oficial Mayor de Cuautla; Jonathan Espinoza Salinas, tesorero de ese Ayuntamiento también, ligado al Partido Encuentro Social Morelos; y se encuentra prófugo el Alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, quien ha militado y competido electoralmente bajo distintas alianzas políticas: Morena en 2018 y posteriormente la coalición PAN-PRI-PRD en 2024.
Otra de las detenidas es Arisbel Rubí Vázquez Amaro, alias «La Jefa», ex candidata a la alcaldía de Atlatlahucan por Morena.
Las investigaciones federales los relacionan con reuniones sostenidas con Júpiter Araujo Benard, alias «El Barbas», identificado como operador regional del Cártel de Sinaloa en el oriente de Morelos.
El Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, afirmó que la red criminal «afectaba directamente a comerciantes, transportistas, familias y sectores productivos» mediante amenazas y cuotas ilegales.
Sobre el mecanismo de presión criminal, García Harfuch sostuvo que los grupos delictivos «buscaban imponer control de esta manera», en referencia al cobro de piso y la intimidación contra negocios.
Las investigaciones también alcanzan una estructura financiera integrada por 32 personas y empresas cuyas cuentas serán congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera, como parte de las indagatorias sobre posibles redes de protección y colaboración con organizaciones criminales.
Ulises Lara, vocero de la FGR, indicó que el grupo delictivo logró adentrarse a la red de gobiernos municipales tras el financiamiento de campañas políticas de candidatos, que luego se convirtieron en funcionarios.
El Gobierno federal informó que, con estas capturas, suman ya 20 presidentes o ex presidentes municipales detenidos en la presente administración por presuntos vínculos con estructuras delictivas.