JIMÉNEZ DEL TEÚL. A través de un comunicado, el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco rechazó las versiones periodísticas que afirman que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dio el aval ambiental para la construcción de la presa Milpillas.
En este pronunciamiento, la organización civil acusó a la titular de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA), Susana Rodríguez Márquez, de filtrar de manera “ventajista y sin un sustento legal esta primicia” en un periódico local, con el fin de simular avances en el proyecto y presionar a los ejidos afectados.
“La funcionaria Susana Rodríguez carece de legitimidad moral y legal para hablar de transparencia en este proceso, pues ella figura como autora intelectual en las diversas denuncias que hemos interpuesto como Movimiento por las acciones de hostigamiento y presión para la realización de compraventa de terrenos privados bajo coacción, así como por los intentos de convencer a las autoridades comunitarias para reunirse con ella para tratar el tema de la presa Milpillas”, señala el comunicado.
En este sentido, señalaron que el proceder de la titular de la SAMA se da en un contexto “que se empieza a ensuciar con las mentiras y promesas electorales”.
ACUERDOS INEXISTENTES
El Movimiento insistió en que Susana Rodríguez ha intentado generar la falsa impresión de que existen acuerdos o permisos con los ejidatarios; sin embargo, precisaron, “la realidad es contundente: no existen permisos ni autorizaciones otorgadas en los ejidos de Atotonilco, El Potrero, Estancia de Guadalupe y Corrales”.
Destacaron que la misma funcionaria ha reconocido que las negociaciones con los núcleos ejidales serán “complejas”, sin precisar en ello que esta complejidad deriva de “la firme oposición de las comunidades, que han manifestado su rechazo rotundo al proyecto”.
“Su actuar revela una vocación autoritaria que menosprecia la autodeterminación de los pueblos, al tiempo que privilegia los intereses de grandes corporaciones por encima del derecho humano al agua y a un medio ambiente sano”, se denunció en el comunicado.
EXIGENCIAS
La organización civil exigió que la Semarnat se pronuncie de manera oficial y pública sobre el estatus del Manifiesto de Impacto Ambiental, sin filtraciones ni simulaciones.
A la par, pidió el cese inmediato de cualquier acto de hostigamiento, coacción o presión contra los ejidatarios de la región.
Finalmente: “el respeto irrestricto a la decisión de las comunidades, que han dicho NO a la presa Milpillas, y el inicio de un diálogo genuino que ponga en el centro la vida”.