CIUDAD DE MÉXICO. Un ex colaborador de Adán Augusto López en el Gobierno de Tabasco libró un caso de la Estafa Maestra en el que fue imputado de presuntamente participar en un contrato ilegal de más de 31 millones de pesos.
Se trata de Ramiro Chávez Gochicoa, quien fuera rector de la Universidad Politécnica del Centro (UPC) en Tabasco y en el 2020 fue nombrado secretario de Cultura de esa entidad durante la gubernatura del hoy senador morenista.
El Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de la Ciudad de México determinó que no existen elementos para procesar a Chávez por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, señala el fallo judicial.
«El ministerio público no señala a qué datos de prueba se refiere, ni cómo cada uno de ellos acreditan la existencia del hecho y la probabilidad de que el imputado participó en su comisión», resolvió el colegiado, por unanimidad de votos.
«En cuanto a la entrega de productos deficientes, se tendrían que haber rechazado estos; entonces aquí se está ante un incumplimiento de contrato, lo que daría lugar a que se reclame la reparación del daño».
La resolución aún no es definitiva porque, si bien fue dictado en la segunda instancia, tanto la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) pueden recurrir al amparo, ya que ambas tienen reconocida la calidad de ofendidas en este asunto.
La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la FGR refiere que el 13 de mayo de 2016 Chávez, en su calidad de rector de la UPC, suscribió con la SEDATU el convenio de Contratación de Servicios Profesionales y Tecnológicos para el Diseño de Indicadores de Deterioro Habitacional.
La universidad debía entregar a la secretaría un documento, una aplicación para celular para levantar encuestas y un manual de operación, entre el 15 de junio y el 5 de septiembre del mismo año, por un costo total de 31 millones 349 mil pesos.
Según la imputación, la conducta ilícita del ex funcionario radicó en que las cuentas por liquidar certificadas correspondían a una Unidad Ejecutora cuyo objeto era distinto; y una de ellas se pagó en 2017, un ejercicio fiscal distinto, sin haber realizado el trámite de los pasivos pendientes de cumplir.
La Fiscalía también imputó que la UPC incumplió con el convenio, pues la entrega de los productos contratados fue deficiente, es decir, no entregó lo pactado a la SEDATU.
Incluso, dijo que la universidad proporcionó un documento plagiado al INFONAVIT, además de que la aplicación y otros documentos de acciones de intervención prioritaria no se aportaron con la calidad o con las especificaciones que exigía el convenio.
«Aún cuando eran deficientes, pues la universidad decide cobrarla, la universidad decide cobrar estos servicios, que prestó de manera deficiente o de manera parcial o no prestó, pero los cobra, y esto es y aquí es donde nace el vínculo con los servidores públicos», dijo la fiscalía en la audiencia inicial.
A pesar de lo anterior, primero un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur y luego el tribunal de apelación resolvieron no vincular a proceso al ex funcionario, porque estimaron que la imputación se basa en afirmaciones que no tienen sustento.