ZACATECAS. Los dos bachilleratos militarizados en el estado operan con apego a la normatividad educativa y bajo vigilancia constante, aclaró Armando Delgadillo Rubalcaba, subsecretario académico de la Secretaría de Educación de Zacatecas (SEZ), tras el comunicado emitido por la Federación donde se precisa que las academias militarizadas no están permitidas por la ley.
Esta aclaración se dio en respuesta a la muerte de una adolescente de 13 años en Tamaulipas, quien cursaba la educación secundaria en una academia militarizada.
Al respecto, el funcionario de la SEZ precisó que lo dicho por la Federación se refiere a la prohibición de este tipo de instituciones únicamente para nivel básico, de las cuales no hay en Zacatecas: ni primarias ni secundarias. Sin embargo, sí operan dos bachilleratos de este tipo: el Militarizado y el General Policial.
“Nosotros, como la SEZ, somos muy cuidadosos. Regulamos que en estos bachilleratos se implementen los planes de estudio”, destacó.
Asimismo, sostuvo que ninguna de estas dos escuelas cuenta con sistema de internado; ambas operan con un horario escolar regular y, hasta el momento, la SEZ no ha recibido ninguna incidencia.
“Hemos tenido comunicación constante, incluso con el secretario [de Seguridad Pública], Arturo Medina Mayoral, y con los directores de los bachilleratos, para que no ocurra una situación que lamentar”, expresó.
A la par, detalló, existe comunicación con los padres de familia para estar al tanto de cualquier irregularidad.
CAMBIO DE DOCENTE
Delgadillo Rubalcaba expuso que en ambos planteles se ha tenido el cambio de al menos tres maestros por no apegarse a la normatividad y por no respetar los derechos humanos de los alumnos.
“Nos hemos visto en la necesidad de cambiar a algunos maestros, de cancelar algunos contratos. El año pasado fueron dos y en este ciclo fue uno”, precisó, aunque sin detallar en cuál de las dos instituciones ocurrieron los casos.
Finalmente, aseguró que se hizo un llamado a los familiares de los estudiantes y a los propios jóvenes para denunciar cualquier irregularidad o violación a sus derechos humanos.