ZACATECAS. En un escrito que el 23 de junio envió el director general de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, Julio César García Vergara, sobre la disposición de aprobar el proyecto de la presa Milpillas, se establecen una serie de condicionantes que debe atender el gobierno estatal.
En el documento se precisa que se tienen que cumplir todas y cada una de las medidas que se propusieron como mitigación y compensación de impacto ambiental que se presentaron en el manifiesto; además de proponer un instrumento de garantía ante la flora y fauna que pudiera estar amenazada, antes del inicio de los trabajos.
El tipo y monto de la garantía se soportará en un Estudio Técnico Económico que respalde los costos de la realización de control, mitigación y compensación ambiental. También se le requiere un programa de manejo, monitoreo y seguimiento del caudal ecológico, así como otros programas de rescate y reubicación tanto de flora como de fauna.
SE OPUSIERON
En el escrito de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se revela que ciudadanos, ejidatarios y representantes de comunidades de Jiménez del Teul manifestaron su rechazo al proyecto y emitieron 31 observaciones al respecto, en las que se precisó que solo 10 de ellas tenían elementos a considerarse dentro de un análisis.
Por ejemplo, uno de los puntos advertía sobre la reducción de caudales que afectaría la disponibilidad de agua, a lo que los promotores del proyecto explicaron que habría un esquema de regulación y liberación controlada de volúmenes de agua, orientado a mantener continuidad hídrica en aguas de abajo.
Otro cuestionamiento fue si la presa sería suficiente para cubrir la demanda en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe, a lo que la respuesta del gobierno estatal fue que resulta viable la capacidad de 71.4 millones de metros cúbicos (m³) de capacidad de la presa, y un escurrimiento promedio anual de 32.2 millones m³, una demanda anual estimada en 22 millones m³.
Lo anterior, tomando en consideración otras cifras de operación de embalse (gestión de aguas) y escurrimientos, así como otros compromisos hídricos, en los que resultarían cerca de 200 mil m³ libres.
En dado caso de que se autorice la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) al gobierno estatal, ésta tendría una vigencia de cinco años para la preparación del sitio y la construcción de las obras, y de 50 años para las etapas de operación y mantenimiento.
OPINIONES ENCONTRADAS
Aunque la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat autorizó de manera condicionada la MIA para la construcción de la presa Milpillas, el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC) en Zacatecas, Rodrigo Saénz García, consideró que no es suficiente e insistió en la inviabilidad del proyecto.
Sostuvo que “es técnicamente inviable, financieramente inviable y socialmente inviable, [además de que la obra] ya está muy manoseada por los políticos”.
Insistió en que los ejidatarios de Jiménez del Teul, municipio donde se pretende hacer la presa, siguen en contra del proyecto y cuestionó el costo beneficio que tendría, pues estimó que no satisface el déficit de los acuíferos de la zona centro.
Por el contario, la diputada Imelda Mauricio Esparza confió en que sí se avanzará en este proyecto para traer agua potable a los municipios del centro del estado, promovido desde hace más de 10 años en diferentes administraciones estatales.
La morenista alegó que, a diferencia de otros gobiernos, se tiene el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. “Es un compromiso que tiene el agilizar el tema con esa presa, que vemos que es beneficio para muchísimas familias. Con esto se va a resolver el tema del agua potable por un buen de años”.