CDMX. El vicecoordinador de Morena en San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuéllar, descartó impulsar una nueva reforma en materia de pensiones al considerar que el criterio interpretativo emitido en junio por la Consejería Jurídica de la Presidencia corrige la falla de la modificación aprobada por la mayoría oficialista en marzo.
En entrevista, el legislador dijo que, con el criterio de la Consejería Jurídica, las pensiones y jubilaciones de servidores públicos quedarán topadas en alrededor de 137 mil pesos y no en 70 mil pesos, como establece la reforma al artículo 127 constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y que se aprobó sin modificaciones.
Ramírez Cuéllar dijo que ese nuevo tope salvaguarda los derechos adquiridos de alrededor del 97 por ciento de las personas jubiladas y pensionadas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Luz y Fuerza del Centro (LyFC), Pemex y la Banca de Fomento.
Descartó que en corto plazo sea necesario que el Congreso realice cambios a la reforma de marzo pasado; sin embargo, se manifestó a favor de seguir dialogando con los sectores que fueron afectados para analizar la pertinencia de una nueva modificación más adelante.
«Nosotros nos daríamos por bien servidos, nos daríamos por satisfechos desde el punto de vista legislativo con la interpretación realizada por la Consejería Jurídica en relación a la reforma constitucional en materia de pensiones doradas, porque se garantizan los derechos adquiridos de más del 95 por ciento de los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad, de los trabajadores de Pemex y de los trabajadores de las instituciones de la Banca de Fomento () Ya no es necesario ni una reforma legal, ni mucho menos una reforma constitucional, yo creo que en términos generales esto representa la solución», aseguró.
GRUPO REFORMA publicó este lunes que el 9 de junio pasado, la Consejera Jurídica a cargo de Luisa María Alcalde estableció un criterio interpretativo para orientar la implementación de la reforma al 127 constitucional, que topa en 70 mil pesos las pensiones y jubilaciones de servidores públicos, y otorgar certeza jurídica.
En un oficio, reconoció que la reforma tiene disposiciones contradictorias: mientras permite que servidores públicos en activo perciban hasta el equivalente al 100 por ciento de la remuneración del titular del Ejecutivo Federal, limita las jubilaciones y pensiones al 50 por ciento de ese monto, por lo que este último precepto quedó sin efecto.
Ramírez Cuéllar reconoció que es legítima la preocupación de jubilados y pensionados, quienes han puesto sobre la mesa la necesidad de una nueva reforma, ante el riesgo de que el criterio interpretativo de la Consejería Jurídica sea nuevamente modificado.
«Lo que los trabajadores están exigiendo es que haya una reforma legal y constitucional para evitar interpretaciones que cambien año con año, Presidencia con Presidencia () Sí, continuar con el diálogo para ver si es necesario o no cambiar de normas que garanticen que estas pensiones de los trabajadores no van a estar sujetas a interpretaciones cotidianas, recurrentes», dijo.
Ramírez Cuéllar admitió que la falla en la reforma evidencia la necesidad de que el Poder Legislativo actúe con mayor responsabilidad y cuidado al redactar cambios legales y constitucionales, debido a las afectaciones que pueden causar a los ciudadanos.
«Sí hubo varios meses que el descuento se fijó en alrededor de 70 mil pesos y no en 137 mil, entonces, aunque se está reponiendo, sí fue una afectación a cientos de miles de trabajadores», sostuvo.
GRUPO REFORMA publicó el 22 de julio pasado que bancadas de Oposición en la Cámara de Diputados impulsan modificaciones a la reforma al 127 constitucional con el objetivo de corregir la redacción que permite su aplicación retroactiva y el tope de 70 mil pesos a las pensiones y jubilaciones.
La Oposición afirma que su aplicación retroactiva representa un perjuicio a los derechos adquiridos de las personas y considera que, por tratarse de un instrumento administrativo, los efectos del criterio interpretativo de la Consejería Jurídica se circunscriben a orientar la actuación de las autoridades competentes y carecen de la fuerza normativa necesaria para eliminar de manera definitiva la contradicción que subsiste en el texto constitucional.