CDMX. Mientras más de 300 morenistas recorren sus estados, organizan actos públicos, reparten propaganda y movilizan simpatizantes para posicionar su imagen rumbo a la elección de 17 gubernaturas en el 2027, el Instituto Nacional Electoral (INE) permanece sin reglas para fiscalizar esa actividad política anticipada.
Especialistas y un consejero del propio organismo sostienen que la autoridad electoral permite campañas adelantadas sin consecuencias y sin conocer el origen y destino de los recursos con los que se financian.
El consejero Arturo Castillo advirtió que el Instituto «está siendo un árbitro que no está arbitrando un partido que empezó hace ya mucho tiempo», al reprochar que el Consejo General ha postergado emitir lineamientos para regular y fiscalizar los procesos internos anticipados.
Morena adelantó seis meses la definición de sus candidaturas bajo la figura de «coordinadores de comités de la 4T», mecanismo que ya utilizó en dos procesos electorales anteriores, para evadir la ley electoral, pues las precampañas inician después de diciembre.
En los hechos, los aspirantes andan en plena campaña, pues realizan recorridos, hablan de su aspiración a la gubernatura, participan en asambleas organizadas por Morena, realizan difusión personalizada en redes sociales, reparten folletos, playeras y gorras, e incluso organizan eventos con porras y grupos musicales, sin obligación de reportar gastos al INE.
La falta de fiscalización también impide conocer quién financia el traslado de simpatizantes a actos partidistas o la propaganda utilizada por los contendientes.
En mayo, el bloque mayoritario en el INE, encabezado por Guadalupe Taddei, rechazó una propuesta para establecer reglas de fiscalización de estos procesos, y prometió presentar otra. Apenas lo hizo el lunes pasado, pero pospuso la discusión, y no hay fecha para debatir o aprobar dichos lineamientos.
Para Arturo Espinosa, director de Laboratorio Electoral, el problema no radica únicamente en la legislación, sino en la interpretación que las autoridades han hecho de ella.
«El problema no es que la ley esté mal; el problema es que las autoridades electorales van permitiendo que los partidos políticos simulen y hagan trampa», afirmó.
El especialista sostuvo que el Tribunal Electoral ha ido acotando tanto los criterios para acreditar actos anticipados de campaña que, en la práctica, casi nunca pueden sancionarse.
Actualmente, para que una conducta sea considerada ilegal, deben coincidir elementos personales, temporales y subjetivos, incluido un llamado expreso al voto, condición que permite a los aspirantes promover su imagen sin pedir directamente el sufragio.
Ese escenario ha permitido que alcaldes con licencia continúen presumiendo obras de gobierno, que aspirantes distribuyan propaganda personalizada y que se organicen movilizaciones masivas sin rendición de cuentas.
Mientras los procesos internos legalmente deberían iniciar entre diciembre y febrero, la contienda ya se desarrolla en calles, plazas y redes sociales.
Érika Hernández
Agencia Reforma