El teléfono celular dejó de ser únicamente un medio de comunicación para convertirse en la principal herramienta a través de la cual millones de personas ejercen derechos fundamentales como la libertad de expresión, el acceso a la información, la educación, el trabajo, la participación ciudadana y el acceso a servicios públicos, afirmó Julieta del Río Venegas, especialista en protección de datos personales y excomisionada del INAI.
«El celular ya no es solo tecnología; es un instrumento para ejercer derechos humanos. Por eso, cualquier medida que implique registrar de manera generalizada a quienes utilizan la telefonía móvil debe analizarse con el máximo rigor constitucional», sostuvo.
Del Río explicó que la discusión sobre la creación de un registro nacional de usuarios de telefonía móvil trasciende el ámbito de la seguridad pública, pues involucra derechos fundamentales protegidos por la Constitución.
Recordó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), elaborada por el INEGI, el 84.6 % de la población utiliza un teléfono celular, lo que lo convierte en la principal puerta de acceso al entorno digital.
«Para millones de personas, el teléfono móvil es la herramienta con la que estudian, trabajan, realizan operaciones financieras, acceden a servicios públicos, hacen trámites y ejercen derechos fundamentales. Mientras mayor es nuestra dependencia de estos dispositivos, mayor es la obligación del Estado de proteger la información personal que generan», señaló.
La especialista advirtió que registrar de manera indiscriminada a todas las personas usuarias equivale a una medida de vigilancia de alcance general que debe justificarse con evidencia objetiva.
«El principio de proporcionalidad exige que sólo se recaben los datos estrictamente necesarios para cumplir una finalidad legítima. No basta con invocar la seguridad pública; el Estado debe demostrar que la medida es idónea, necesaria y que no existen alternativas menos invasivas para alcanzar el mismo objetivo», explicó.
Asimismo, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya invalidó el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) al considerar que representaba una afectación desproporcionada a los derechos a la privacidad y a la protección de datos personales.
«Ese precedente constitucional no puede ignorarse. Si se pretende crear un nuevo registro, corresponde a las autoridades demostrar claramente qué lo hace distinto y por qué ahora cumpliría con los estándares constitucionales que antes no superó», afirmó.
Del Río también destacó que las recientes resoluciones derivadas de los amparos promovidos contra la CURP biométrica comienzan a consolidar un criterio judicial más estricto frente a la recolección masiva de datos personales por parte del Estado, fortaleciendo la protección de la privacidad en México.
«La seguridad pública es una obligación del Estado, pero también lo es respetar la Constitución. La protección de los datos personales no es un obstáculo para la seguridad; es una garantía que protege a todas las personas frente al uso excesivo o injustificado de su información.»
Respecto a la prórroga para el registro de líneas de prepago, consideró que ésta refleja la preocupación de la ciudadanía frente a las constantes vulneraciones de datos personales.
«La prórroga no resuelve el problema de fondo. Apenas ayer por la tarde se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los ajustes para que este proceso continúe, ante la falta de resultados. La ciudadanía exige garantías porque ha visto múltiples vulneraciones de datos personales y además, tampoco existe evidencia de que este tipo de registros haya reducido delitos como la extorsión. La tecnología debe fortalecer los derechos humanos, no convertirse en un mecanismo de vigilancia generalizada», concluyó.
Para finalizar, Del Río afirmó que hoy, a través de las tecnologías de la información y la comunicación, y en específico de las redes sociales, la sociedad accede a la información desde la palma de su mano. Recordó que, desde 2010, se estableció el 30 de junio como el Día de las Redes Sociales, para reconocer los avances en comunicación que han permitido estas plataformas.
