MONTERREY. Luego de que el Gobierno de la 4T impulsó una reforma judicial -que incluyó la elección de jueces por voto popular- alegando que el sistema estaba corrompido y se liberaba a los delincuentes, la realidad es que las decisiones judiciales que benefician a presuntos criminales se mantienen.
Como muestra: el lunes fue liberado José Antonio Cortés Huerta, «El Titán», identificado por el Gobierno federal como líder de una célula del Cártel del Noreste relacionada con el huachicoleo, que fue capturado el 9 de mayo en Monterrey.
La detención, en la Colonia Portal del Huajuco, fue incluso destacada el 12 de mayo por el Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, en la mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Dos meses después, sin embargo, en una audiencia realizada el lunes por la noche, la jueza de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado, María de los Ángeles Padrón Banda, decretó la no vinculación a proceso, que significó la liberación del presunto huachicolero y que en esa investigación no hay pruebas suficientes para imputarle algún delito.
La jueza fue apoyada con los «acordeones» del Gobernador Samuel García en la pasada elección judicial.
La decisión de liberar a «El Titán» se dio tras un amparo en definitiva otorgado el 8 de julio pasado por el juez Primero Penal de Nuevo León, Mario Melo Cardoso, que alegó irregularidades en los cateos realizados en su domicilio.
Con la salida del «El Titán» ya quedaron libres los cuatro capturados por autoridades federales en un aparatoso operativo de cateos realizados en Monterrey, San Pedro y Allende el 9 y 10 de mayo, acciones que las autoridades presumieron a nivel nacional.
En esa ocasión detuvieron a Cortés, así como a Jesse Uresti, Juan de Dios Saavedra y Rosario Flores, presuntamente pareja de «El Titán».
Harfuch los presentó como integrantes de una red dedicada al contrabando de combustible y comercialización ilegal de hidrocarburos desde Estados Unidos.
De «El Titán» se dijo que era socio de Roberto Blanco Cantú, apodado «El Señor de los Buques» y acusado de contrabando de combustible a través de ferrocarriles desde Estados Unidos, y que estaba ligado al aseguramiento de un buque en Tamaulipas en marzo del 2025.
Una fuente judicial enterada del proceso señaló que se dejaron sin efectos las medidas cautelares previamente impuestas al acusado y la jueza decretó el sobreseimiento parcial de la carpeta de investigación, pese a la oposición del Ministerio Público.
Tras su detención en mayo, «El Titán» había sido vinculado por dos acusaciones de portación y posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos contra la salud.