ZACATECAS. La senadora Geovanna Bañuelos sostuvo que el combate frontal a la impunidad y a la extorsión debe convertirse en una prioridad para las autoridades de los tres órdenes de gobierno, debido al grave impacto que este delito genera en la economía, el empleo, la inversión y la tranquilidad de miles de familias zacatecanas.
La aspirante a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía por el Partido del Trabajo, Morena y el Partido Verde Ecologista de México señaló que los recientes hechos de violencia registrados en Zacatecas, particularmente el multihomicidio que conmocionó a la entidad y en el que perdieron la vida empresarios y servidores públicos, representan una dolorosa muestra de los niveles de violencia que pueden alcanzar las organizaciones criminales cuando encuentran espacios de impunidad.
Agregó que diversas líneas de investigación han considerado la posible relación de estos hechos con redes de extorsión y control territorial, por lo que es indispensable que las investigaciones se conduzcan con absoluta transparencia y lleguen hasta sus últimas consecuencias.
«La extorsión no sólo arrebata recursos económicos; también destruye proyectos productivos, inhibe la inversión, provoca el cierre de negocios, limita la generación de empleos y obliga a muchas familias a vivir bajo el miedo. Cuando este delito permanece impune, el crimen organizado fortalece su capacidad para controlar comunidades enteras», expresó.
Geovanna Bañuelos advirtió que la extorsión golpea de manera directa a prácticamente todos los sectores productivos del estado: ganaderos, agricultores, comerciantes, empresarios, constructores, transportistas, prestadores de servicios, mineros y pequeños negocios familiares, quienes diariamente enfrentan amenazas, cobros ilegales e intimidaciones que afectan su patrimonio y su capacidad para seguir generando empleo.
«El delito de extorsión es una amenaza latente y alarmante. De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, este ilícito se ha triplicado en Zacatecas. Tan sólo en 2025 se presentaron 63 denuncias y, de enero a junio de este año, ya se contabilizan 214 casos de extorsión. A ello se suma una cifra negra muy elevada: el 97% de los delitos de extorsión no se denuncian».
Por ello, Geovanna Bañuelos hizo un llamado a los gobiernos estatal y municipales para fortalecer las acciones preventivas, incrementar las capacidades de inteligencia, reforzar la presencia institucional en las regiones con mayor incidencia y establecer mecanismos permanentes de coordinación con el sector productivo y la sociedad civil.
Asimismo, exhortó a la Fiscalía General de Justicia del Estado a fortalecer la investigación de este delito, agilizar la integración de las carpetas de investigación, incrementar la judicialización de los casos y promover una verdadera cultura de la denuncia que brinde confianza y protección a las víctimas.
«La ciudadanía necesita tener la certeza de que denunciar sirve, que las autoridades investigan y que los responsables serán llevados ante la justicia. Sin investigación efectiva no puede haber combate a la impunidad», puntualizó.
Finalmente, Geovanna Bañuelos reiteró que el combate a la violencia requiere una estrategia integral que combine prevención, inteligencia, fortalecimiento institucional, coordinación entre autoridades y una procuración efectiva de justicia.
«Defender la seguridad también significa defender la economía, el empleo y el derecho de las familias zacatecanas a vivir y trabajar en paz. La impunidad nunca puede convertirse en la regla».
