ZACATECAS. A una semana de que se anunció el despido de 43 trabajadoras sociales del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) del Poder Judicial de la Federación (PJF), el viernes se dio a conocer la reintegración de 18 afectadas. Ante ello, las otras 25 profesionistas interpondrán un amparo al considerar que están siendo discriminadas.
Hasta el momento se desconocen los criterios que se consideraron para tomar esta decisión, por ello se iniciará el proceso legal correspondiente, “porque somos 43 y todas contamos con los mismos conocimientos para ocupar nuestros puestos”, apuntó Ma. Elena Trejo Medina, quien durante 18 años se desempeñó como analista especializada en Trabajo Social en la delegación Zacatecas.
Al respecto, Gabriela Rodríguez Vázquez, vicepresidenta de la Federación Internacional de Trabajo Social para América Latina y el Caribe (FITS ALC) sostuvo que esta decisión deja en el desamparo a las familias de las comunidades.
Por ello, informó que entregarían un documento al director del IFDP en Zacatecas, Juan Carlos Ramos Torres, “para que en este mismo instante se reintegre a Ma. Elena Trejo Medina a sus actividades”.
Advirtió que, sin este gremio, la Defensoría Pública está en riesgo de desaparecer, “porque ninguna otra persona puede realizar las funciones de Trabajo Social. Nosotros somos los ojos de los jueces. Nosotros somos la voz de esas personas cuyos derechos están siendo vulnerados.
“No es justo ni válido que desaparezca un departamento tan importante como Trabajo Social”, reprochó durante la mañana del lunes cuando organizaciones de diferentes sectores se pronunciaron en contra del despido de las trabajadoras sociales.
“LAS HAN DESCONOCIDO DE UN SOLO GOLPE”
Con pancartas frente al edificio del PJF en Zacatecas, las organizaciones señalaron que las trabajadoras sociales realizaban una labor eficaz y eficiente, fundamental para el adecuado desempeño de las actividades de los defensores públicos y asesores jurídicos.
Expusieron que estos despidos atentan contra la dignidad de las trabajadoras. “No han recibido un trato justo. Se ha desconocido de un solo golpe a quienes entregaron todo por el servicio de la institución que ahora les da la espalda”, reprocharon.
Al reclamo se sumó Blanca Luna, representante de la Red Estatal de Trabajo Social, quien expresó que esta situación “afecta no solamente a las profesionistas involucradas y a sus familias, sino también a la calidad y al alcance de los servicios que reciben miles de personas usuarias de la Defensoría Pública Federal”.
Como gremio, las afectadas reiteraron que toda terminación de las relaciones laborales debe realizarse con estricto apego a la legalidad, transparencia, respeto a los derechos adquiridos y observancia de los principios de justicia laboral y dignidad humana.
En este sentido, hicieron un llamado a las autoridades competentes para revisar la situación laboral, privilegiar el diálogo institucional y garantizar el respeto irrestricto a los derechos laborales de las y los trabajadores sociales afectados.
Entre las organizaciones presentes en el pronunciamiento estuvieron Renovación Sindical del PJF; la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos (Fedessp); Somos México; la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México A.C. (Concaam); Juntos Hacemos Más; y el Sindicato de Salud Nacional Progresista de Trabajadores IMSS Bienestar (Siprobi), entre otras.
