MÉXICO. La recomendación del Comité Técnico de aplicar un nuevo examen en UNAM tras las anomalías detectadas representa una solución socialmente sensata, empíricamente informada y jurídicamente razonable, sostuvo el integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la máxima casa de estudios, Javier Martín Reyes.
En un posteo en redes sociales, el abogado constitucionalista señaló que la Universidad no tenía salidas fáciles ante los indicios de irregularidades y destacó que el dato central que sustenta la recomendación de la Comisión Técnica es una anomalía en la distribución de los resultados.
Expuso que, en aplicaciones previas, el 3.5 por ciento de los sustentantes obtenía 100 o más aciertos, mientras que en 2026 esa proporción aumentó a 16.3 por ciento.
Agregó que, en el umbral de 110 aciertos, el porcentaje pasó de 0.9 a 5.5 por ciento.
De acuerdo con Martín Reyes, esos datos sugieren que un número importante de aspirantes recibió ayuda indebida, aunque aclaró que la información agregada no permite identificar, caso por caso, quién incurrió en alguna irregularidad.
El investigador explicó que la recomendación aceptada por el Rector no plantea anular el examen de admisión, sino aplicar un examen de control presencial, con distintas versiones para las sedes y turnos requeridos, y que los lugares se asignen con base en ese nuevo instrumento.
Indicó que la convocatoria abarcaría tanto a los aspirantes aceptados como a quienes no obtuvieron un lugar, pero alcanzaron un puntaje igual o superior al mínimo de ingreso registrado entre 2021 y 2026.
«La lógica es sencilla (y sensata): reabrir la puerta a quienes probablemente habrían si otros no hubieran hecho trampa», escribió.
El experto reconoció que la medida implica una afectación a derechos, ya que impone una nueva carga a quienes obtuvieron un lugar de manera legítima; sin embargo, afirmó que, ante un número fijo de espacios y una irregularidad que parece extendida, «con la información disponible no alcanzo a ver una alternativa igualmente idónea y menos restrictiva».
«Es, me parece, una medida jurídicamente necesaria. La alternativa menos mala para garantizar la integridad del proceso y los derechos de miles de alumnos que no hicieron trampa y que muy probablemente hubieran ingresado en condiciones ordinarias», añadió.
El académico expresó además su reconocimiento a los integrantes de la Comisión Técnica por la elaboración del primer informe y precisó que su valoración se basa en lo expuesto durante la conferencia en la que se presentó la recomendación, a la espera de conocer el informe completo y las medidas formales que adopte la UNAM.
Araceli Patricia Aguilar Moreno
Agencia Reforma