GUADALAJARA. Caguamas de cerveza en 200 pesos, visitas conyugales de 2 mil pesos y rentas de celulares en 15 mil pesos mensuales son los costos de algunos productos y servicios que, de acuerdo con testimonios, hay en la Comisaría de Sentenciados de Puente Grande, penal a cargo del Gobierno de Jalisco.
El titular de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social (Digpres) es José Antonio López Zaragoza, que depende del gobierno estatal que encabeza el Gobernador de MC, Pablo Lemus.
Una visitante del penal relató a REFORMA, que las «caguamas» de cerveza se venden en 200 pesos. Además, hay un presunto cobro de 2 mil pesos por visita conyugal.
Algunos internos, incluso, pueden acceder a teléfonos celulares mediante el pago de 15 mil pesos, un servicio de renta sin periodo definido que no está disponible para toda la población penitenciaria.
«Las personas del autogobierno traían celulares. De armas no me fijé bien porque evitaba voltear hacia allá; me sentía incómoda, pero por lo poco que pude ver, son personas que entran desde la calle para proteger a quienes están adentro o realizar ciertos trabajos.
«El interno que visitamos comentó que hacía pocos días ellos mismos habían matado a una persona dentro del penal», detalló.
Durante sus visitas ha observado que el autogobierno coloca a internos para escuchar qué hablan los otros reclusos con sus familiares.
Ahí no manda la autoridad; mandan los de «la plaza», añadió.
La entrevistada también describió la existencia de vendedores ligados a esa organización.
A ello se suman otros cobros menores, como 5 pesos por utilizar las regaderas, según le comentaron personas privadas de la libertad.
«Los de ‘la plaza’ son quienes ponen a personas a vender productos dentro del penal, como tejuino, chocolates, hielitos y algodones de azúcar», comentó.
Puente Grande es un ejemplo del descontrol que se vive en los penales estatales.
El experto y penitenciarista José Luis Mussi consideró que en el 90 por ciento de los 261 centros penitenciarios estatales, existe un cogobierno de los internos que les permite cobrar cuotas, controlar la venta de mercancías lícitas e ilícitas e imponer sus condiciones al margen de las autoridades.
Dijo que los internos controla cárceles por la corrupción de las autoridades, la sobrepoblación, la mala clasificación criminológica de los internos, la falta de preparación de los directivos de los centros carcelarios y la escasez de custodios.
Mussi, quien fue titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y trabajó por más de 40 años en el sistema penitenciario, indicó que el cogobierno de los presos comienza porque a los penales envían, en la mayoría de los casos, a directores que no están capacitados para asumir esa responsabilidad.
«Un gobernador gana una elección y dice: ‘¿Qué hacemos con fulano que nos ayudó en la campaña?’. Bueno, pues es abogado, que se vaya a un penal para que haga su lana», indicó.
Noé Magallón
Agencia Reforma