Filiberto Frausto Orozco, secretario general de la Sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), urgió a diputados locales a crear una estrategia para proteger legalmente a los docentes ante falsas acusaciones, así como garantizar la presunción de inocencia y el debido proceso.
Asimismo, pidió a los legisladores generar las estructuras que favorezcan la protección de la comunidad escolar y mejorar las relaciones entre docentes, madres, padres de familia y estudiantes.
Este viernes, durante el foro de análisis: Fortalecimiento de la iniciativa para la protección de la comunidad escolar, convocado por la LXV (65) Legislatura del Estado, el líder sindical advirtió que actualmente existe un fenómeno “silencioso y dañino” como es el distanciamiento y desconfianza entre los docentes y padres de familia.
Este fenómeno, alertó, ha provocado que “los necesarios protocolos de actuación de convivencia escolar y un principio fundamental, como el interés superior de la niñas, niños y adolescentes, se haya desvirtuado y se utilice en ciertas ocasiones para afectar a un profesor o maestra”.
Relató diversos casos reportados a nivel nacional, como el de María Teresa, del preescolar David Alfaro Siqueiros, en la comunidad Santa Cruz Nieto, San Juan del Río, Querétaro, quien fue acusada por un grupo de padres de familia y la fiscalía por presunta violencia de género y trato a menores, lo que derivó en su detención temporal.
No obstante, tras declarar las pruebas como inconsistencia, un juez anuló el proceso y se le declaró inocente; sin embargo, “por mucho tiempo cargó con ese destino”. Como este, citó otros casos que destacaron a nivel nacional.
Aclaró que en Zacatecas, “aunque no hay casos tan extremos, sí se han registrado incidentes en algunas instituciones en las que se puso en riesgo la libertad o la integridad de varios docentes. Se trata de dos secundarias, una de Fresnillo y otra de Zacatecas capital”.
Esta situación, puntualizó, es una muestra de la vulnerabilidad en la que se encuentran las y los trabajadores de la educación ante denuncias falsas, amenazas, agresiones y accidentes que escapan de las posibilidades y capacidades de los educadores para evitarlos.
Aclaró que como representación sindical, “no pretendemos que se cree un manto de impunidad para quien se equivoque, quien quiera que sea, debe recibir una sanción por el daño que haya hecho a un integrante de la comunidad escolar”.
PRESENTAN PROPUESTA
Filiberto Frausto presentó una iniciativa para la creación de una estrategia legislativa integral bajo tres ejes: Prevención, formación y sanción.
En prevención, se planteó el análisis de los protocolos escolares en los espacios colectivos, en los consejos escolares y talleres intensivos, que en cada sesión se dedique por lo menos una hora a esta tarea.
De igual forma, se forme en cada escuela una comisión de conciliación o de facilitadores y delegados, con el representante sindical del centro de trabajo y el director, quienes al estar ligados con una responsabilidad de justicia traten de resolver los conflictos que surjan en sus comunidades escolares.
En el eje de la formación, propuso promover el análisis colectivo de biografías bibliografías que apoyen desde diversas disciplinas la solución de conflictos y la importancia de que prevalezca la armonía de los centros escolares.
En el tema de sanciones, implementar la justicia alternativa en los casos que lleguen a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y que no sean delitos graves. Fomentar la creación colectiva de un reglamento escolar y la participación de los entes, padres de familia y estudiantes, que sea vinculante y respetado por todos.
Asimismo, propuso reformar el Código Penal para que se incrementen las penas para quienes amenacen, intimiden o acusen falsamente a las y a los trabajadores de la educación.
Sancionar a quienes asedian por medios digitales o realicen algún tipo de linchamiento mediático hacia el personal educativo. Castigar con presión a quienes se declaren falsamente ante el Ministerio Público para acusar a un trabajador de la educación o utilice un menor para hacerlo.
De igual forma, garantizar la presunción de inocencia y el debido proceso y evitar la separación anticipada del cargo a los educadores en investigación previa, salvo cuando se trate de delitos graves comprobados.
Filiberto Frausto Orozco exhortó a los diputados locales para que analicen, discutan, dictamine y se apruebe una ley sobre esta materia en un tiempo breve, “para que se pueda avanzar en la superación de una problemática que ha venido creciendo en los últimos meses en nuestro estado y en el país, que afecta tanto a la educación como a la tranquilidad laboral de las y los trabajadores de la educación”.