CDMX. Conforme a una iniciativa que turnó al Senado la presidenta Claudia Sheinbaum, la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) tendrá la facultad de impedir adquisiciones por razones de seguridad nacional.
De hecho, ese órgano integraría a representantes de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana, y establecería como invitados, con voz pero sin voto, a la Fiscalía General de la República, al Centro Nacional de Inteligencia, al Servicio de Administración Tributaria y a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda.
Ello con la finalidad de que la evaluación de riesgos y amenazas a la seguridad nacional, con motivo de adquisiciones por parte de la inversión extranjera, cuente con un enfoque especializado en la materia.
«Actualmente», se plantea en la iniciativa, «el artículo 30 de la Ley de Inversión Extranjera prevé que la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras pueda, por razones de seguridad nacional, impedir las adquisiciones por parte de la inversión extranjera.
«Sin embargo, no establece los parámetros y directrices conforme a las cuales deba ejecutar dicha atribución, lo que en los hechos se traduce en una ausencia del enfoque de seguridad nacional en el análisis de las inversiones extranjeras en nuestro país».
Según la iniciativa, la preservación de la seguridad nacional precisa de una evaluación altamente especializada e integral de factores vinculados con la integridad y la estabilidad del País para el desarrollo económico con bienestar, lo que, desde esta perspectiva, debe incluir: identificación de amenazas y riesgos, implementación de acciones y políticas para mitigar y, en su caso, impedir la ocurrencia de actos que la vulneren.
«(Por) razones de seguridad nacional, se requiere de resolución favorable de la Comisión para que la inversión extranjera participe, directa o indirectamente, en un porcentaje mayor al 49% del capital social de una sociedad mexicana en la que el valor total de sus activos, al momento de someter la solicitud de adquisición, rebase el monto que determine la Comisión mediante resolución general y tenga por actividad económica alguna de las siguientes:
«Infraestructuras estratégicas ya sean físicas o virtuales, en las que se incluyen aquellas vinculadas con el sector energético, transporte, sanidad, comunicaciones, minería, tratamiento o almacenamiento de datos, sistemas digitales, aeroespacial, de defensa e instalaciones sensibles, así como de terrenos e inmuebles que sean indispensables para el uso de dichas infraestructuras».
Además, tecnologías críticas y productos de doble uso, incluidas las de inteligencia artificial, la robótica, los semiconductores, la ciberseguridad, las tecnologías aeroespaciales, de defensa, de almacenamiento de energía, cuántica y nuclear, así como las no tecnologías y biotecnologías.
El Senado desahogará esta iniciativa durante el periodo ordinario de sesiones que arranca el martes.
La Comisión tendrá facultades para determinar la inexistencia de riesgos o amenazas a la seguridad nacional como resultado de la evaluación realizada y, por tanto, declarar viable la adquisición de la sociedad mexicana por parte de la inversión extranjera.
También podrá impedir la adquisición de la sociedad mexicana por parte de la inversión extranjera por seguridad nacional.
En el apartado de multas, la iniciativa propone que, en caso de que la inversión extranjera lleve acabo actividades, adquisiciones o cualquier otro acto para que su realización requiera resolución favorable de la Comisión, sin que esta se haya obtenido previamente, se impondrá multa de mil a cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Mayolo López
Agencia Reforma