CIUDAD DE MÉXICO. Con dos detenciones ocurridas en las última 48 horas, el gobierno de Campeche que encabeza la morenista Layda Sansores, empezó a tender un cerco contra Alejandro Moreno Cárdenas, actual Senador y líder nacional del PRI.
El lunes fue detenido Luis Antonio Espinosa Campos, contador y operador financiero de Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, hermano del dirigente tricolor y colaborador del arquitecto Juan José Salazar Ferrer, implicado, según pesquisas de la Fiscalía estatal, en operaciones financieras e inmobiliarias irregulares.
Ayer fue capturado en la CDMX Carlos Alberto Medina Hernández, quien encabezó la oficina de Comunicación Social durante la Administración de Moreno Cárdenas, por su presunta participación en un esquema mediante el cual habrían sido desviados 36 millones de pesos del erario estatal.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche ejecutó una orden de aprehensión contra Medina Hernández por el delito de peculado.
El ex funcionario fue trasladado al penal de San Francisco Kobén, donde permanecía ayer miércoles a la espera de su audiencia inicial.
La Fiscalía de Campeche había presentado en julio del 2025 una solicitud de desafuero ante la Cámara de Diputados contra el ex Gobernador priista por el uso indebido de atribuciones y peculado por el probable desvío de 83 millones 508 mil pesos durante su gestión del 2015-2019.
En la investigación de la Fiscalía estaban relacionadas otras 17 personas, entre ellas ex funcionarios de la administración de Alejandro «Alito» Moreno.
Al vocero Carlos Alberto Medina Hernández, se le señala de ser cómplice del contador Luis Antonio Espinosa Campos. Ambos son investigados por el supuesto uso de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), según la Fiscalía estatal.
Medina Hernández llegó a Comunicación Social en junio de 2019. Su nombramiento ocurrió durante la Administración de «Alito», aunque los dos últimos años de ese Gobierno transcurrieron bajo el interinato de Carlos Miguel Aysa González.
La detención ocurre cinco años después de que se presentara ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) una denuncia para investigar contratos celebrados durante el Gobierno de Moreno con empresas señaladas como factureras.
Aquella denuncia, presentada en mayo de 2021, identificó operaciones por 59.9 millones de pesos entre 2017 y 2019 con 31 empresas y una persona física incluidas en registros del SAT por presuntamente emitir comprobantes de operaciones inexistentes.