ZACATECAS. La prevención fue uno de los principales puntos de coincidencia entre las tres mesas de trabajo instaladas durante el foro para la elaboración de la denominada Ley Arely, convocado este viernes por la organización Alas de Justicia Tabasco.
En el encuentro, celebrado en la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), participaron representantes de distintas instituciones, quienes llevaron las propuestas y experiencias de sus respectivas áreas para contribuir a la construcción de un marco legal que permita fortalecer la prevención y atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes.
La iniciativa surge tras el caso de una niña de 10 años, quien el 10 de junio de este año fue víctima de una agresión física a manos de un adolescente de 13 años, actualmente vinculado a proceso por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y violación equiparada. Sin embargo, debido al grupo etario al que pertenece no puede ser sancionado con internamiento, situación que generó un debate social.
Julieta Garza, representante de la organización, explicó que uno de los planteamientos que surgieron en la mesa de educación fue que la prevención debe comenzar desde el nivel preescolar, particularmente mediante el fortalecimiento de la educación socioemocional.
Además, se propuso que las escuelas se conviertan en un primer punto de detección de posibles casos de violencia o abuso contra menores de edad, debido a que representan uno de los primeros espacios de contacto de niñas y niños con las instituciones.
Para ello, explicó, se consideró necesario capacitar al personal docente para identificar señales de posibles agresiones y establecer mecanismos de actuación inmediata.
En la mesa de salud también se planteó la necesidad de una mayor corresponsabilidad, al considerar que la atención de un menor que ha sido víctima de violencia no debe limitarse únicamente a su rehabilitación, sino involucrar también a su núcleo familiar.
Entre las propuestas se señaló que madres, padres o tutores deben formar parte del proceso de atención y recuperación. Asimismo, se planteó que, en los casos en que se retire la guarda y custodia de un menor, esta no sea restituida hasta que exista una valoración que determine que la persona responsable se encuentra en condiciones adecuadas para asumir nuevamente el cuidado.
Por otra parte, la mesa enfocada en el Código Penal y el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes analizaron una propuesta de reforma para establecer respuestas emergentes frente a delitos graves cometidos por adolescentes de entre 12 y 17 años en contra de otros menores de edad.
Aunque el planteamiento aún se encuentra en proceso de revisión, la discusión se centró en cinco ejes: prevención, protección de la víctima, responsabilización diferenciada del adolescente, reinserción social y familiar, y reparación integral del daño.
Julieta Garza explicó que las propuestas de las mesas serán conjuntadas en las próximas semanas para elaborar un documento que posteriormente será presentado al Poder Legislativo, donde será revisado y, en su caso, modificado.
La intención es que en un próximo foro ya se analice una propuesta concreta de la Ley Arely y que, de ser posible, el proceso legislativo avance para que la iniciativa pueda presentarse en diciembre.
