CDMX. Horas después de que Morena terminara de definir quiénes serán sus próximos candidatos a 17 gubernaturas, en 2027, el INE aprobó entre críticas los plazos para fiscalizar los ingresos y gastos de precampañas y campañas del proceso electoral de 2027.
Representantes de partidos de oposición y solo una de las consejerías advirtieron riesgos, dilaciones y falta de oficio para garantizar la equidad en la contienda luego de que el oficialismo arrancó con su consulta interna sin que el árbitro electoral definiera reglas.
El consejero Arturo Castillo informó que solicitó informes sobre los procesos políticos de los 32 estados y la Unidad Técnica de Fiscalización respondió que revisará los gastos a través de los informes anuales de 2026, por lo que sus resoluciones llegarán hasta después de que se hayan consumado las elecciones intermedias.
«La resolución que emita este Consejo General se va a llevar a cabo una vez que terminen los procesos electorales del 27. Si se llegar a actualizar algún acto anticipado de campaña o precampaña relacionado con estos procesos políticos, cuando lo detectemos, ya va a ser demasiado tarde y es precisamente por eso que era necesario y sigue siendo necesario emitir estos lineamientos», expuso.
Sin embargo, desde la perspectiva de Arturo Chávez, al Instituto se le está demandando «legislar» en torno a una problemática que se gestó hace tres años y que corresponde únicamente al Congreso definir esas reglas; además, cuestionó las posturas contrarias al considerar que los partidos tienen derecho a organizarse.
«¿Cuál es el papel de un partido político? Pues lograr que parte de la sociedad participe en sus filas. ¿Y cómo va a lograr eso si se le cancela su derecho a organizarse? Este INE está para respetar la legalidad existente, no la que imaginamos ni deseamos», dijo.
El representante del PRI ante el árbitro, Emilio Suárez Licona, le recordó que en 2023 el Instituto sí emitió un acuerdo para regular los procesos internos. Sin embargo, tres años más tarde decidió ser omiso.
Así, por mayoría de votos se aprobaron las fechas de fiscalización de precampaña, donde los procesos inician en diciembre y terminan en febrero, mientras que para las campañas el arranque oscila entre marzo, abril y mayo y terminan en los primeros días de junio.
En esta ocasión los partidos lo harán, además, con un nuevo sistema de contabilidad en línea que coexistirá con un sistema integral de fiscalización, para el que se desconoce todavía su operatividad.
Marco Baños, representante de Somos, reiteró la omisión del INE para regular los procesos adelantados de campaña y cuestionó los mecanismos que diseñará para, además, escudriñar la gira de la Presidenta Claudia Sheinbaum.
«No se ha definido cómo le va a hacer el INE con la fiscalización de todos los procesos de precampañas que fueron adelantados por los partidos políticos que incluso de manera muy abierta se han referido a los ‘defensores de la transformación y de la soberanía nacional’ como candidatos(…) Es claro que se habló de candidatos, es claro que se pidió el voto y es claro que hubo gastos de una cantidad impresionante de recursos que están ahí», lanzó.
«¿Qué va a ser el INE, por ejemplo, con toda la gira que hizo la Presidenta de la República y cuyo evento terminó el domingo pasado? Esa gira me parece a mí también es uno de los elementos que han generado inequidad en el proceso electoral (…) Morena es un partido que está en campaña permanente con la obsecuencia de las autoridades electorales. Se voltean para otro lado», criticó.
Suárez Licona se sumó urgiendo a que las distintas instancias del INE ejerzan las facultades que se les otorgaron para vigilar, verificar y sancionar cuando se detecten infracciones.