ZACATECAS. El gobernador David Monreal Ávila presentó ante la 65 Legislatura del Estado la iniciativa de reforma denominada ‘Cero Deuda’, con la que pretende impedir que las próximas administraciones recurran al financiamiento como una herramienta ordinaria para cubrir sus necesidades presupuestales.
La propuesta plantea reformar el artículo 65 de la Constitución Política del Estado, así como las leyes de Austeridad, Disciplina y Responsabilidad Financiera y de Financiamientos, Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del estado de Zacatecas y sus municipios.
El proyecto propone prohibir la contratación de nueva deuda pública para el Estado, los municipios y sus entes públicos, salvo en tres situaciones: desastres naturales, emergencias sanitarias y crisis económicas severas.
La iniciativa fue entregada este viernes por el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, y la secretaria de Finanzas, Ruth Angélica Contreras Rodríguez, a los diputados que integran la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Durante la entrega, Reyes Mugüerza sostuvo que el objetivo es evitar que el presupuesto estatal sea utilizado como una especie de tarjeta de crédito y que los gobiernos dejen compromisos financieros a las administraciones posteriores.
Señaló que la deuda acumulada en administraciones anteriores pasó de aproximadamente 700 millones de pesos a más de 7 mil millones, compromisos que, afirmó, todavía representan una carga para las finanzas estatales.
“Creemos que los instrumentos que se están proponiendo reformar van a ser muy útiles para que ningún gobierno de aquí en adelante, por disposición constitucional, endeude al pueblo de Zacatecas, que ningún gobierno utilice el presupuesto como una tarjeta de crédito, como si fuera su propio recurso, olvidándose de que es recurso del pueblo de Zacatecas”.
Reyes Mugüerza recordó que, de acuerdo con el planteamiento del Gobierno estatal, el objetivo es evitar que vuelva a ocurrir lo sucedido durante las últimas tres administraciones, cuando la deuda pasó de 700 millones a más de 7 mil millones de pesos. Afirmó que estos compromisos todavía se pagan y que su costo financiero se extenderá durante los próximos 12 años.
Por su parte, Contreras Rodríguez explicó que el problema no se limita al monto pendiente, sino también al tiempo que todavía deberá destinarse al pago de los compromisos financieros. De acuerdo con su exposición, la deuda de largo plazo mantiene obligaciones hasta 2033, con una proyección de alrededor de 11 mil millones de pesos por erogar durante los próximos años.
La secretaria explicó que, aun en los tres escenarios de excepción, la contratación de deuda no sería automática.
Primero tendría que demostrarse la existencia de la emergencia y agotarse otras fuentes de financiamiento, como recursos disponibles en tesorería, fondos, reservas, ingresos propios, subsidios y aportaciones.
El proyecto también modificaría los criterios para autorizar financiamientos. Contar con capacidad de endeudamiento o encontrarse dentro de un techo financiero ya no sería suficiente para solicitar un crédito. El eventual financiamiento tendría que justificar su necesidad, demostrar beneficios y acreditar que puede pagarse sin comprometer las finanzas futuras.
Para ello, la propuesta establece seis filtros: necesidad económica, rentabilidad y suficiencia financiera, adicionalidad, sostenibilidad, responsabilidad temporal e intergeneracional y resiliencia. De esta manera, incluso ante una emergencia, el proyecto tendría que superar estos criterios antes de abrir la posibilidad de contratar deuda.
En materia de créditos de corto plazo, la iniciativa busca impedir que sean utilizados para cubrir problemas estructurales de las administraciones. Estos financiamientos únicamente podrían destinarse a cubrir desfases temporales de ingresos y no al pago de nómina, adeudos de ejercicios anteriores, pasivos circulantes o deuda previa.
Además, se plantea prohibir la contratación de nueva deuda de corto plazo para pagar, refinanciar o reestructurar deuda anterior, así como establecer un periodo de 30 días antes de volver a contratar un financiamiento de este tipo.
Para los proyectos de largo plazo, la propuesta señala que la contratación deberá realizarse preferentemente mediante empresas públicas u organismos creados para prestar servicios públicos o desarrollar proyectos específicos, sin que esta vía permita evadir los controles establecidos para la deuda pública.
La iniciativa fue entregada a la Legislatura, donde deberá ser analizada y seguir el proceso legislativo correspondiente antes de determinarse si las reformas constitucionales y legales son aprobadas.
