A dos años de la despenalización del aborto en Zacatecas, el Movimiento Feminista de Zacatecas (MFZ) denunció que el acceso a este derecho permanece bloqueado por el desabasto institucional de medicamentos, la falta de personal capacitado y un entorno social de criminalización.
En el 28S, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, la colectiva advirtió que la reforma al Código Penal de 2024 no se concretará si las autoridades no garantizan presupuestos específicos, eliminan las malas prácticas médicas en hospitales del estado y sancionan administrativamente la obstrucción del servicio.
Por ello, exigieron vigilar y garantizar el cumplimiento del derecho al aborto legal y seguro, así como acabar con la revictimización en casos relacionados con delitos y que cesen las burlas y los juicios.
INTERRUPCIONES DEL SERVICIO
Si bien las integrantes del MFZ reconocieron que la transición al IMSS-Bienestar generó inconvenientes debido a retrasos en la transferencia de recursos para los centros de aborto seguro, aclararon que la situación ya fue solucionada.
Aunque que no se han reportado incidentes graves en dichos consultorios, sí se han registrado incidencias relacionadas con la interrupción voluntaria y legal del embarazo en otros centros, tales como los hospitales de la Mujer, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y General Fresnillo (HGF), entre otros.
En este contexto, el MFZ exigió a las autoridades contar con presupuesto suficiente y verificable, así como con recursos públicos específicos para garantizar medicamentos e insumos, incluida la disponibilidad permanente de mifepristona y misoprostol, además de infraestructura, personal capacitado y servicios accesibles en todo el territorio estatal.
MALA PRAXIS Y OBJECIÓN DE CONCIENCIA
La colectiva demandó capacitación obligatoria y permanente para el personal médico, pues, a pesar de que se reportan cursos de capacitación, los casos de malas prácticas continúan.
“Todo el personal involucrado en la atención debe conocer los procedimientos, los derechos de las usuarias y las obligaciones establecidas en la Ley de Salud, y garantizar un trato digno, confidencial y libre de violencia y estigma”, puntualizaron.
A la par, llamaron a garantizar una atención rápida y oportuna, con rutas de atención claras, porque “la dilación también puede convertirse en una forma de negación del derecho”.
De igual forma, señalaron que la objeción de conciencia debe ser individual y nunca institucional. “Quien objete deberá cumplir con su obligación legal de referir inmediatamente a la usuaria, y las instituciones deben garantizar en todo momento la disponibilidad de personal no objetor”.
Ante la obstaculización de este derecho, el MFZ expuso la necesidad de aplicar mecanismos claros de denuncia, investigación y sanción administrativa cuando se niegue injustificadamente el servicio, se retrase deliberadamente, se oculte información o se impongan requisitos inexistentes.
SISTEMA DE CUIDADOS
Desde el movimiento feminista se llamó a no tolerar la criminalización y llevar la despenalización a lo social, con campañas públicas permanentes para combatir el estigma: “la ley cambió y tiene que cambiar también la manera en que nuestra sociedad mira, juzga y castiga a las mujeres que deciden abortar”.
Asimismo, se exigió un sistema integrar de cuidados, al recordar que el derecho a decidir también significa que una mujer que quiere ser madre pueda serlo sin que ello esté determinado por la pobreza, la falta de redes de apoyo o la obligación de asumir sola este trabajo.
“Que ninguna mujer tenga que viajar horas para abortar ni tenga que suplicar por un medicamento. Que ninguna mujer sea obligada a continuar un embarazo que no desea y que ninguna tenga que renunciar a una maternidad deseada porque el Estado le ofrece como única respuesta la precariedad, la sobrecarga y el abandono”.