CIUDAD DE MÉXICO. El nuevo filtro que la 4T propone otorgar a las Fuerzas Armadas para autorizar o impedir que capitales extranjeros adquieran más del 49 por ciento de empresas mexicanas no aporta a la certidumbre y podría convertirse en un obstáculo para la inversión extranjera directa (IED), particularmente en sectores estratégicos, advirtieron expertos.
La iniciativa de reforma a la Ley de Inversión Extranjera (LIE) incorpora a las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar) a una nueva Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE), que evaluará determinadas adquisiciones no sólo por sus efectos económicos, sino también por los riesgos que pudieran representar para la «seguridad nacional».
Para Turena Ramírez, especialista en comercio exterior de Holland & Knight, el problema radica en que el concepto de «amenaza a la seguridad nacional» puede resultar demasiado amplio.
«Bajo el amplio y vago espectro de ‘amenaza a la seguridad nacional’ se podrían frenar inversiones indispensables para el continuo desarrollo de nuestro país», advirtió.
La especialista señaló que precisamente los sectores sujetos al nuevo filtro son aquellos en los que se concentra buena parte del crecimiento económico mundial, por lo que imponer una autorización previa podría desalentar a potenciales inversionistas.
«El simple hecho de obligar a que las inversiones extranjeras que superen este 49 por ciento del capital social de una empresa mexicana y el umbral aún desconocido de activos fijos soliciten autorización previa representa un obstáculo técnico que puede no ser bien recibido», consideró.
La CNIE estaría integrada por Sedena, Marina y la Secretaría de Seguridad, cuyos representantes tendrían voz y voto. De manera permanente participarían también la FGR, el Centro Nacional de Inteligencia, el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera, aunque estos últimos sólo tendrían voz.
El mecanismo aplicaría principalmente cuando un extranjero pretenda adquirir, directa o indirectamente, más del 49 por ciento del capital social de una empresa mexicana en determinados sectores.
El alcance incluye áreas consideradas estratégicas para la economía, como energía, minería, agroindustria, infraestructura, transporte, comunicaciones, almacenamiento de datos, biotecnología, inteligencia artificial, semiconductores y tecnología aeroespacial.
El abogado Ismael Reyes Retana, especialista en derecho administrativo, consideró que dependencias como la Sedena, la Semar y la SSPC no tendrían que considerarse miembros permanentes de CNIE.
«En su caso se les debería tener solo como invitados en sesiones donde se resuelvan inversiones que puedan repercutir en la seguridad nacional, sin voz ni voto; tal y como se propone para la FGR, CNI, UIF y SAT», consideró.
«No se garantiza la no discriminación en contra de ciertos países, o la transparencia, proporcionalidad y rendición de cuentas «, agregó Reyes Retana, que laboró en la Consejería Jurídica del Ejecutivo y es socio del despacho Malpíca, Iturbe, Buj y Paredes.