La Salud Mental como prioridad pública
Durante mucho tiempo, la salud mental permaneció en un segundo plano dentro de las políticas públicas, se hablaba de ella principalmente cuando aparecía una enfermedad, una crisis o una situación que requería intervención especializada.
Esta visión limitada impidió comprender que la salud mental forma parte esencial del bienestar de las personas y que su protección constituye una obligación del Estado.
La salud mental debe ser entendida como un asunto prioritario de salud pública, de desarrollo social y de derechos humanos, no puede abordarse únicamente desde los hospitales o los consultorios; requiere políticas de prevención, educación, atención comunitaria, inclusión social, protección frente a la violencia y eliminación de la discriminación.
La Organización Mundial de la Salud ha establecido como objetivos fundamentales para los Estados fortalecer el liderazgo y la gobernanza en salud mental, desarrollar servicios comunitarios integrales, promover la salud mental y prevenir los problemas de salud mental, así como fortalecer la información, la investigación y la evidencia.
La salud mental no debe considerarse un privilegio reservado a quienes pueden pagar atención especializada, es un componente del derecho a la salud y, por tanto, debe garantizarse bajo los principios de universalidad, igualdad, accesibilidad y no discriminación.
La pobreza, la violencia, la discriminación, el aislamiento social, la desigualdad, el desempleo, la inseguridad y las experiencias adversas pueden afectar profundamente el bienestar mental, por ello, una política pública eficaz debe actuar también sobre los factores sociales que generan sufrimiento.
La prevención comienza en una familia que puede brindar apoyo; en una escuela libre de violencia; en espacios laborales dignos; en comunidades seguras; en políticas de inclusión; y en instituciones capaces de detectar oportunamente situaciones de riesgo, prevenir significa promover habilidades socioemocionales, detectar factores de riesgo, fortalecer redes familiares y comunitarias, combatir el estigma, prevenir las violencias y generar mecanismos de atención temprana.
La OMS plantea que los Estados deben adoptar medidas para promover la salud mental y el bienestar, prevenir los problemas de salud mental entre las personas en riesgo y garantizar cobertura universal de los servicios.
Esto implica que la prevención debe formar parte de las políticas educativas, sociales, laborales, familiares y comunitarias.
Las escuelas deben ser espacios de protección y bienestar, no solamente de transmisión de conocimientos por lo que es necesario fortalecer programas de prevención, detección temprana, orientación psicológica y atención especializada, siempre bajo el principio del interés superior de niñas, niños y adolescentes.
Las políticas de salud mental deben incorporar una perspectiva digital, derivado de que las redes sociales y las tecnologías digitales ofrecen enormes posibilidades de comunicación, pero también pueden convertirse en espacios de acoso, discriminación, exposición permanente, comparación social y violencia digital; por ello no se trata de considerar la tecnología como un problema, sino de generar herramientas para que niñas, niños y jóvenes puedan utilizarla de manera segura, responsable y saludable.
Uno de los cambios más importantes en las políticas contemporáneas de salud mental consiste en pasar de modelos centrados en la institucionalización hacia modelos comunitarios, la OMS recomienda servicios integrales y adaptables de salud mental y asistencia social en entornos comunitarios, así como la integración de la atención de salud mental en hospitales generales y atención primaria la cual debe desarrollarse bajo principios de dignidad, autonomía, igualdad, consentimiento informado, privacidad y no discriminación.
La OMS y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han señalado la necesidad de que las leyes y los sistemas de salud mental adopten un enfoque basado en derechos, impulsen la desinstitucionalización, desarrollen servicios comunitarios y combatan la discriminación y las prácticas coercitivas, este enfoque tiene además un respaldo jurídico particularmente sólido la Ley General de Salud vigente en el país establece expresamente que la salud mental tiene carácter prioritario dentro de las políticas de salud y exige una atención comunitaria y respetuosa de los derechos humanos.
TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS LAS PERSONAS.
*Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ)