ZACATECAS. Trabajadores del XXIII Circuito del Poder Judicial de la Federación (PJF), con sede en Zacatecas, anunciaron su adhesión al movimiento iniciado por sus compañeros de Michoacán, quienes presentaron un pliego petitorio en el que denuncian que diversas disposiciones de la Reforma Judicial han afectado sus derechos laborales; el documento está dirigido al Órgano de Administración Judicial, la Cámara de Diputados y a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
José Guadalupe Méndez de Lira, secretario general de la Sección 6 de Zacatecas del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, informó que el personal zacatecano hizo suyo el pliego petitorio presentado por los empleados del PJF en Michoacán y exigieron a las autoridades cumplir con el artículo décimo transitorio de la reforma constitucional de 2024.
Detalló que entre las principales demandas se encuentra la creación de nuevos tribunales colegiados, juzgados de distrito, centros de justicia penal y tribunales laborales, así como nuevas plazas para el Instituto Federal de Defensoría Pública, con el objetivo de reducir el rezago en la impartición de justicia.
Méndez de Lira sostuvo que México se encuentra por debajo del estándar internacional en materia de personal judicial, pues, de acuerdo con sus datos, actualmente existen alrededor de 4.6 jueces por cada 100 mil habitantes, mientras que el parámetro internacional señala que deberían existir al menos 18.
Durante la lectura del pliego petitorio, solicitaron que se garanticen las licencias médicas, de maternidad y paternidad, así como aquellas sin goce de sueldo; además del suministro oportuno de insumos y equipamiento para los órganos jurisdiccionales, entre ellos aire acondicionado, sillas y archivos.
Otra de las exigencias es el respeto al derecho de los trabajadores a permanecer en la ciudad o localidad donde se encuentran adscritos, al considerar que los cambios de adscripción pueden afectar su proyecto de vida, salud y el interés superior de sus hijos.
El dirigente sindical reclamó además el pago total de las horas extra efectivamente trabajadas y el reconocimiento de una jornada laboral de ocho horas diarias y 40 horas semanales, con descanso los sábados y domingos.
Asimismo, demandó que se otorguen nombramientos de base al personal que actualmente se encuentra comisionado o a disposición, así como que determinadas plazas consideradas de confianza sean reconocidas como puestos de base cuando las funciones que desempeñan no impliquen facultades de mando o decisión.
Los trabajadores exigieron que las evaluaciones de desempeño no puedan utilizarse como mecanismo para provocar la separación laboral y que esta garantía quede establecida formalmente mediante un acuerdo normativo.
Méndez de Lira cuestionó también que los parámetros de productividad puedan establecerse tomando como referencia órganos jurisdiccionales donde se trabaja por encima de la jornada legal, pues, afirmó, esto genera una presión adicional sobre los trabajadores y puede provocar afectaciones a su salud y vida familiar.
El pliego contempla además el respeto al artículo décimo transitorio de la reforma constitucional, la no afectación de las condiciones generales de trabajo, un ajuste salarial retroactivo equivalente al acumulado inflacionario que, según expuso, alcanza 13 por ciento, así como el restablecimiento de la ayuda para la adquisición de anteojos para trabajadores y familiares directos.
Entre las demandas también se encuentra una atención efectiva a los casos de acoso laboral y sexual. En este punto, el dirigente sindical rindió un homenaje póstumo a Humberto Orozco Calderón, trabajador adscrito al Tribunal Colegiado de Apelación en Campeche, quien falleció en septiembre de 2026 y cuyo deceso fue atribuido al agotamiento físico, estrés y acoso laboral derivados de las cargas excesivas de trabajo.
Los trabajadores reclamaron además que el Presupuesto de Egresos de la Federación contemple recursos suficientes para atender sus demandas. Méndez de Lira señaló que para 2027 se proyectan 72 mil 264 millones de pesos para el Poder Judicial, mientras que en 2026 fueron alrededor de 70 mil millones; en 2025, 85 mil 025 millones, y en 2024, 84 mil 792 millones.
A su juicio, sin un incremento presupuestal será difícil atender tanto las necesidades laborales como la creación de nuevos órganos jurisdiccionales y, por consecuencia, abatir el rezago existente.
Otra de las exigencias es contar con garantías de que no habrá represalias contra los trabajadores que participen en manifestaciones o acciones para defender sus derechos laborales.
El secretario general de la Sección 6 sostuvo que las condiciones laborales del personal del PJF también tienen un impacto directo en la ciudadanía, debido a que las cargas de trabajo y la falta de órganos y personal suficiente contribuyen al retraso en la resolución de los asuntos.
“Nunca vas a tener una justicia real, pronta, efectiva como la esperas si no cuentas con el recurso humano y con los tribunales necesarios y suficientes para que esto se logre”, afirmó.
Declaró que existen juicios de amparo que actualmente tardan más de un año en resolverse, situación que, desde su perspectiva, representa una denegación de justicia y evidencia la necesidad de fortalecer al Poder Judicial con mayor infraestructura y personal.
Méndez de Lira hizo un llamado a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación en todo el país a no tener miedo y sumarse a la defensa de sus derechos laborales, al tiempo que pidió a la sociedad respaldar sus demandas.
