Infonavit, el escándalo que sigue
Para hacer efectivo el derecho a la vivienda que consagra el artículo 123 Constitucional, el presidente Luis Echeverría fundó en 1972 el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
En la operación del Infonavit participan el gobierno, los patrones a través de los organismos empresariales, y los trabajadores a través de los sindicatos, pero el fondo se integra exclusivamente con las aportaciones patronales equivalentes al 5 por ciento del salario de cada trabajador.
Inicialmente el Infonavit actuaba como desarrollador integral: compraba terrenos, diseñaba las casas, contrataba a las constructoras y supervisaba las obras. Entre 1975 y 1979 se modificaron los sistemas de pago y las reglas administrativas para permitir que los trabajadores de menores ingresos accedieran a viviendas; en 1992 se modificó la Ley para ampliar los plazos de crédito hasta 30 años e introducir una prórroga de 12 meses en caso de pérdida del empleo; se implementó también un sistema de puntos que tomaba en cuenta la edad, el salario y las aportaciones.
En 1997 se modificó la estructura de subcuentas de vivienda y la relación con el Sistema de Ahorro para el Retiro.
Pero a partir del 2000 el Instituto dejó de construir directamente las viviendas, evolucionó hacia un organismo financiero de vivienda donde el trabajador es quien elige libremente la propiedad, nueva o existente, y el Instituto otorga el crédito ante notario; se diversificaron los productos de crédito para no solo comprar casa, sino también remodelar, ampliar o pagar deudas hipotecarias bancarias.
En los últimos años se han ajustado las tasas de interés para que sean diferenciadas según el nivel de ingresos (tasas más bajas para quienes menos ganan) y se han implementado esquemas de mensualidades fijas en pesos.
En 54 años de vida, el Infonavit ha otorgado más de 12 millones de créditos, consolidándose como la institución hipotecaria más grande de América Latina. Actualmente el fondo del Infonavit supera los 2 billones de pesos que son el ahorro total de cerca de 80 millones de trabajadores.
Pues resulta que a partir de febrero del 2025, el Infonavit nuevamente tiene facultades legales para usar recursos del fondo en la construcción directa de vivienda dentro del Programa “Vivienda para el Bienestar”. La reforma a la ley le devolvió al Instituto la facultad de adquirir terrenos y construir vivienda directamente a través de su empresa filial llamada “Infonavit Constructora”.
Para financiar estas obras, obviamente se utilizan los recursos del fondo colectivo y sus rendimientos. Adicionalmente, este año el Consejo de Administración aprobó mecanismos para que trabajadores independientes que no cotizan puedan registrarse y realizar aportaciones individuales voluntarias, con el fin de generar su propio historial y ahorro para acceder después a una vivienda.
Para no perder la costumbre, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, es señalado de actos de corrupción multimillonarios; se le acusa de haber entregado sin licitación un contrato por más de 580 millones de pesos para equipos de impresión y otro de casi 93 millones de pesos para la realización de videos y encuestas.
Se le acusa también de otorgar obra a constructoras sin experiencia en el sector habitacional que fueron proveedoras de Pemex cuando él fue director de esa paraestatal, entre ellas Vivo Construcciones, InterServicios de Tabasco y COINS Construcciones Industriales del Sur.
En síntesis, se dice que hay opacidad en el manejo de más de 1.2 billones de pesos del ahorro de los trabajadores, inconsistencias contables, un aumento preocupante de la cartera vencida y fallas estructurales en nuevos desarrollos.
Octavio Romero es un Ingeniero Agrónomo originario de Tabasco, fue oficial mayor de López Obrador en el Gobierno de la CDMX, o sea el encargado de la lana; luego lo hizo director de Pemex, otra vez encargado de la lana; y ahora como titular del Infonavit no maneja millones sino billones.
El agrónomo tabasqueño dejó a Pemex con una deuda superior a los 100 mil millones de dólares y observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, pero fiel al estilo de su jefe político, se defiende denunciando fraudes y redes de corrupción heredadas de administraciones pasadas, alguien debería recordarle que el ex director Alejandro Murat ahora es senador de Morena.
La andanada contra Octavio Romero la encabeza nuestra paisana Claudia Anaya y la aguerrida Carolina Viggiano, quienes ya solicitaron una investigación formal y que comparezca ante el Senado.
En fin, una raya más al tigre, a ver si al rato no lo niegan como niegan a Taddei.
