ZACATECAS. La Secretaría de la Función Pública (SFP) debe investigar los actos llevados a cabo por los funcionarios del gobierno estatal durante la construcción del segundo piso del bulevar, así como las decisiones que tomaron respecto al fideicomiso destinado a esta obra que fue cancelada, señaló Juan Francisco Valerio Quintero, representante de la Asociación Civil Ciudadanía Participativa.
A la par, expuso la necesidad de observar todas las acciones que se tomaron en conjunto para esta obra, al tratarse de recursos públicos.
“Dice el secretario de la Función Pública que su función es evaluar y auditar. Me pregunto por qué no menciona en este proceso la necesidad de evaluar y auditar la decisión tomada por el gobierno del estado de iniciar una obra sin los permisos correspondientes”, señaló.
Lo anterior, luego de que este martes Ernesto González Romo, titular de la SFP, diera a conocer la sanción contra las empresas tabasqueñas Calzada Construcciones, S.A. de C.V., y Dragados del Sureste, S.A. de C.V., consistente en tres años de inhabilitación y una multa de 1 millón 783 mil 110 pesos por irregularidades en la construcción del segundo piso en la capital.
FIDEICOMISO “TRAMPOSO”
El académico recordó que el ayuntamiento capitalino no fue consultado de manera oficial, sino verbalmente, y aseguró que no se les solicitó por escrito el permiso cuando comenzó la intervención de las máquinas en el bulevar Adolfo López Mateos-calzada Héroes de Chapultepec.
En su momento, explicó, estuvieron laborando bajo el pretexto de que realizaban obras de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ), cuando en realidad eran trabajos preparatorios para la construcción del viaducto elevado.
“Toda esta obra ya no era preparatoria de la JIAPAZ, era evidentemente el emprendimiento de una obra que no tuvo permisos. Ésta es una decisión tomada contra disposiciones legales vigentes.
“Yo me pregunto por qué la SFP no evalúa si hay también sanciones que aplicar en el caso de funcionarios que actúan de la manera en que se hizo en este caso”, insistió Valerio Quintero.
Asimismo, destacó que el fondo financiero para emprender esta obra provino de un fideicomiso al que calificó como “tramposo”, debido a que, según señaló, se constituyó con lo que “vergonzosamente” llamaron ahorros, cuando en realidad eran subejercicios de la administración estatal.
En este sentido, el académico consideró que la SFP “está abriendo los ojos en una dirección y cerrándolos en otra distinta”.
