Mazapil.- Ejidatarios de Cerro Gordo exigieron a la empresa Peñasquito Goldcorp que cese el hostigamiento recibido desde hace varios meses, después de que el Tribunal Unitario Agrario determinará que deben regresarse las tierras a los propietarios originales.
A través de sus abogados, Alfonso Herrera Gómez y Pablo Hugo Teneinte Kerkhof, señalaron que están dispuestos a negociar la renta de los predios, si presentan el contrato y la percepción de utilidades, para que les den el precio justo por sus tierras.
La otra salida es la negociación, pero ellos no quieren pagar lo que la ley les obliga a pagar, es el real problema. La ley señala porcentajes que dependen del reporte que hagan a Hacienda y a la Dirección Nacional de Minas, que depende de la Secretaría de Economía”
Reprochó que la empresa, a través de sus representantes legales hayan presentado amparos para la entrega de las 599 hectáreas que son propiedad del Ejido Cerro Gordo; y responsabilizó a Peñasquito del conflicto entre ejidatarios.
“La corporación de la PFP, de Servicio a la comunidad, tiene sitiado el perímetro de las 599 hectáreas, y es muy curioso que el campamento está dentro de las instalaciones de la mina. Se quedaron desde el día de la sentencia interlocutoria, en que llegaron a amenazar a los ejidatarios”, precisó Herrera González.
Incluso, comentaron que en el pasado proceso electoral no les permitieron votar, bajo el argumento de que estaban en conflicto, por lo cual denunciaron a los funcionarios de casilla ante las instancias correspondientes.
“Los ejidatarios tomaron fotografías de sus terrenos y un oficial de la PFP los siguió en la patrulla 0019, un carro Tsuru, para quitarles el teléfono y que mínimamente borrarán las fotografías. Por eso tenemos resguardos al comisariado, porque están sufriendo agresiones”, denunciaron.
Alfonso Herrera, aseguró que el argumento de cerrar la mina “no es correcto ni adecuado”, sino que es “falso” y utilizado para presionar a las instancias gubernamentales a un juego en el que ya no hay retorno.
“Minera Peñasquito se fue encerrando en un callejón sin salida en donde sólo le quedan dos opciones; la primera es que restituya las tierras de manera voluntaria, que ya vimos que no lo esta haciendo, cuando había declarado su presidente (Federico Villaseñor) Buchanan había dicho que respetaría el marco legal mexicano”, detalló.
“La otra salida es la negociación, pero ellos no quieren pagar lo que la ley les obliga a pagar, es el real problema. La ley señala porcentajes que dependen del reporte que hagan a (la Secretaría de) Hacienda y a la Dirección Nacional de Minas, que depende de la Secretaría de Economía”, agregó.
Afirmó que “mañosa y dolosamente” no inscribieron el contrato de ocupación de tierras porque deberían reportar la explotación de cada año.
Cabría recordar que desde el 15 de abril se resolvió el regreso de las tierras a los ejidatarios, por lo cual sólo faltaba la negociación con la minera, para ver si regresaban las tierras o se replanteaba el arrendamiento de las mismas.
Maribel Concepción Méndez de Lara, magistrada numeraria del Tribunal Superior Agrario, afirmó que la sentencia era firme y se aplicaría independientemente de si hay acuerdo o no; y que los amparos únicamente retrasarían el proceso.
Sobre el punto, los abogados explicaron que una vez que les regresen las tierras, podrían sentarse a negociar la renta de las mismas, que son usadas para la extracción de minerales; y calificó como “ridícula” la oferta de darles 29 millones por todo el territorio.
Hugo Teniente, uno de los abogados de los ejidatarios, precisó que se mantienen tomadas 4 de 5 predios que son de los ejidatarios, pero que el recién liberado aún sigue explotado por la minera.