Zacatecas, Zac.- Omar Antonio González García, ex funcionario de Guadalupe, demandó laboralmente a la propia administración municipal y obtuvo una indemnización de 450 mil pesos, tres años después fue recontratado al iniciar el período de gestión del alcalde perredista Rafael Flores Mendoza, y ahora funge como subdirector de Desarrollo Social.
El tema ha sido puesto a discusión por el regidor Israel Campos Ortiz, quien requirió información puntual a la síndico municipal Teodora Francisca Nocetti Tiznado, la cual le hizo llegar un oficio, el ocho de febrero de 2011, con todos los pormenores del caso.
En el documento se describe que el 17 de julio de 2009 Omar Antonio González García presentó demanda laboral contra el Municipio, tras desempeñarse como juez del Registro Civil, y reclamaba la cantidad de 949 mil 973 pesos de acuerdo con el siguiente desglose.
La cantidad de 250 mil 28 pesos por concepto de compensación autorizada por cabildo del 15 de enero de 2007 al 30 de junio de 2009; 237 mil 760 pesos por concepto de salario doble en el mismo periodo; 14 mil 835 pesos por concepto de prima dominical en el mismo periodo, y 447 mil 350 pesos por conceptos de horas extraordinarias (mil 190) y por horas extraordinarias al triple (733).
Según consta en el oficio 73/11, del expediente SM/2011, la síndico municipal informa al regidor Campos Ortiz que “el procedimiento se desahogó en rebeldía del Municipio, ya que se contestó la demanda con una carta poder expedida por el ex síndico municipal y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje determinó que el poder debería de haber sido expedido por el cabildo y no por el ex síndico, por lo que determinó que la demanda se contestó en sentido afirmativo”.
El documento refiere, asimismo, que se habló con el trabajador en varias ocasiones, insistiéndole que resolviera el juicio laboral apoyando al municipio con el ofrecimiento y aceptación de una cantidad mínima, a la cual el trabajador respondió negativamente, pese a que él seguía laborando en el municipio como juez del Registro Civil.
Así, el ahora sub director de Desarrollo Social, Omar Antonio González García, ante la petición del municipio, confesó que el abogado (y padre), Santos Antonio González Esparza, ya estaba trabajando para lograr toda la cantidad total que demandó, antes de que se desahogara el caso.
Fue el 22 de octubre del año 2010 cuando, en apego a la resolución de los tribunales, se acordó pagarle al demandante la cantidad de 450 mil pesos en cuatro mensualidades de 112 mil 500 pesos.
Los pagos se efectuarían los días 20 de los meses de noviembre y diciembre del año 2010 y enero y febrero del año en curso.
Hasta el fin de semana estaban cubiertos los tres primeros pagos y sólo quedaba pendiente el último, que debió entregarse ayer domingo, a más tardar.
Jesús Campos Ortiz “ordena” silencio
El problema es que Omar Antonio González García no sólo demandó al Municipio, sino que ahora, con un puesto menor al de la síndico, le ordenó a la funcionaria que no proporcionara información al respecto.
Mediante el oficio SDDS/12, el sub director de Desarrollo Social advierte que el regidor Israel de Jesús Campos Ortiz, quien ha puesto a debate el asunto, “no funge como parte interesada en el desarrollo del proceso (de la demanda laboral) ni como tercero ni como persona afectada”, pero le sugiere, “yo podría aclararle cualquier duda al respecto de manera personal”.
Y, finaliza, “le agradecería (a la síndico) no entregar información alguna antes de consultarme, ya que esto afectaría el proceso para que este litigio que está en convenio termine en laudo”.
Más regidores molestos
Julio Cesar Chávez Padilla, regidor del ayuntamiento de Guadalupe, cuestionó duramente que González García demandara laboralmente al municipio, se le entregara casi medio millón de pesos tras ganar el pleito, y posteriormente se le premie con un puesto en la nueva administración.
“Qué confianza puede tener la institución en una persona que la demandó y podría hacerlo otra vez”, insistió el edil, y afirmó que esta situación indigna a muchos de sus homólogos, más por el área en la que labora González García, porque es una de las más problemáticas.
“La gente se ha quejado mucho con los regidores del maltrato que reciben por parte del sub director de Desarrollo Social”, añadió Chávez Padilla, y aseguró que no son “dimes y diretes”, pues existen elementos, las actas de cabildo y el reglamento que especifica el comportamiento que debe tener un servidor público.
Cabe destacar que Omar Antonio González García es esposo de Ana Cristina Rivas González, regidora del municipio por la fracción PRD, por lo que las dudas que se tienen respecto a intereses partidistas se van haciendo cada vez más fuertes.