Río Grande.- La administración municipal condenó los actos vandálicos perpetrados en contra de la figura del Benemérito de las Américas, ubicada en las esquina de las calles Insurgentes e Hidalgo.
“Ninguna persona o sus actos están por encima del legado de don Benito Juárez García, quien entregó al pueblo mexicano un rumbo ideológico, político y moral que supera cualquier atentado en contra de su figura, porque sus ideas ya son parte de la formación de cualquier persona en nuestro país”, sostuvo el presidente municipal Mario Alberto Ramírez Rodríguez.
Después de que la madrugada del pasado 21 de marzo presuntos vándalos arrancaron y destruyeron la cabeza del monumento de cantera edificado en honor a Juárez, el alcalde calificó de inconsciente y absurda dicha acción, “la cual no representa de ninguna manera la imagen de los riograndenses”.
“En Río Grande somos gente trabajadora y respetuosa de nuestras costumbres, de nuestra identidad nacional y por lo tanto desconocemos estos hechos que delatan inmadurez” reiteró.
Los hechos reportados en la esquina de La Cañada provocaron que el tradicional acto cívico patriótico, organizado conjuntamente entre las autoridades municipales y la escuela primaria Benito Juárez García cambiara de sede, haciendo del patio de dicha institución educativa el lugar para homenajear al ilustre reformista mexicano.
Por su parte, Miguel Ángel Gámez Leyva, oficial mayor del gobierno municipal, fue tajante en aislar el hecho y aseguró que los habitantes de esta demarcación y el legado de Juárez García están por encima de este atentado, el cual insulta principalmente a la imagen de los riograndenses.
José Refugio Esparza Castro, titular de la Dirección de Seguridad Pública (DSP), aseguró que se vigila la zona para evitar réplicas del hecho y destacó su confianza en la sociedad local.
Finalmente, funcionarios y alcalde resaltaron que no hay argumento alguno que justifique “este absurdo en contra de la sociedad misma”, y subrayaron que ya se realizó la denuncia de los hechos y se lleva a cabo el seguimiento correspondiente para la aplicación de la ley.