La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó presentar una denuncia de hechos por irregularidades encontradas en la supuesta adquisición de 60 chalecos antibalas, a cargo de la Oficialía Mayor de Gobierno en 2010, cuando su titular era Eduardo Ruiz Fierro, actualmente preso en el Centro Regional de Readaptación Social (Cerereso) de Cieneguillas.
De acuerdo con documentos del órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados, los gobiernos federal y estatal habían convenido destinar, en 2010, un millón 370 mil pesos para la compra de equipo de seguridad pública.
El monto estaba compuesto por 950 mil pesos del gobierno federal y una aportación estatal de poco más de 407 mil pesos, y serviría para comprar 60 chalecos tácticos antibalas de nivel III-A.
Tras auditar el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal, la ASF detectó que el gobierno estatal había sobrepasado el límite de 500 mil pesos para adjudicaciones directas, y que, además, la compra se había hecho a una empresa cuyo giro principal era otro.
Debido a ello, entre otras pesquisas, la Auditoría Superior de la Federación procedió a hacer una revisión física en la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva (PEP), y encontró que nunca se registró en bitácora alguna el ingreso de esos chalecos, cuando supuestamente habrían sido entregados el 30 de abril de 2010.
De esta manera, y aunque presuntamente se había acreditado la adquisición, los equipos para el personal de seguridad simplemente se “esfumaron” y no aparecieron por ningún lado.
Por ello, la ASF presumió un probable daño a la hacienda pública por un monto de 950 mil 40 pesos de origen federal, y ello le motivó a presentar una denuncia de hechos “por las irregularidades detectadas en el ejercicio de sus facultades de fiscalización de la cuenta pública”.
Sucio proceso de compra
El 2 de abril de 2010, el gobierno facultó a la Oficialía Mayor para realizar de manera urgente las adquisiciones de bienes y contratación de servicios que se requirieran, siempre que correspondieran a los programas sociales, independientemente del monto de compra, y al tratar de privilegiar a los proveedores locales.
Pese a que no entraba bajo este esquema y no se privilegió a los empresarios zacatecanos, se celebró el contrato C-OM-151-10, el 19 de mayo, para la adquisición de 60 chalecos táctico antibalas nivel III-A.
Peor aún es que la empresa a la que se compraron los chalecos, establecida en Michoacán, “se dedica principalmente a la compra, venta, importación, exportación y comercialización de infusiones orgánicas e inorgánicas”, y que la transacción se hizo por adjudicación directa, el 19 de mayo.
De acuerdo con la Ley de Adquisiciones del estado, esta compra debió ser licitada.
Ahora bien, de las cuatro cotizaciones que la Oficialía Mayor integró en el expediente de la adjudicación, ninguna cumple con los requerimientos establecidos en la solicitud de compra.
Incluso, cuando al representante legal de una de ellas se le presentó la cotización supuestamente enviada por ellos, manifestó que no la había elaborado y desconoció la firma de quien la suscribía.
“Por otro lado, a fin de verificar la autenticidad de otra cotización, se obtuvieron tres domicilios distintos de la supuesta empresa que la emitió, y se constató, en las visitas domiciliarias, que la empresa no opera en ninguno de ellos”, expuso el documento de la auditoría.
Y añadió: “se evidencia que los entonces servidores públicos presentaron documentos presuntamente apócrifos para beneficiar a la empresa ganadora; por lo que no aseguraron para el gobierno del estado de Zacatecas las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento”.
La transacción se hizo durante el periodo en que Eduardo Ruiz Fierro estaba al mando de la Oficialía Mayor, quien se encuentra bajo proceso judicial, recluido desde hace más de un mes en el Cerereso de Cieneguillas, por los delitos de tráfico de influencia y negociaciones ilícitas.
Por ello, la Contraloría Interna del gobierno estatal debió haber iniciado el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los entonces servidores públicos que, en su gestión, celebraron este contrato.
Mientras tanto, la auditoría inició el procedimiento para la imposición de una multa al representante legal de la empresa Importaciones Orgánicas Monarca S de RL, y contra el gerente general de la empresa fabricante Seguicol, SA de CV, por no haber atendido en el plazo establecido el requerimiento de información.
Nunca hubo chalecos: Pinto
De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Jesús Pinto Ortiz, después de haber asumido la titularidad de la dependencia, se constató que en la armería nunca se encontró ningún equipo con las especificaciones de los citados chalecos.
El general precisó que tampoco se tuvo conocimiento de que se haya realizado la supuesta compra de este equipo de seguridad durante 2010.
Los chalecos debían contener dos placas de polietileno, protección en cuello, hombros, pelvis y espalda, mismos que no fueron reconocidos por la Policía Estatal el 7 de julio de 2011, cuando supuestamente debieron haber ingresado al depósito de armas con el que cuenta.