México.- La Confederación Nacional Campesina (CNC) solicitó a la Cámara de Diputados un aumento de 5 por ciento en el presupuesto de egresos de la federación 2013 para el agro mexicano.
El Consejo Político y de Desarrollo Rural de la organización informó que esto significa la aplicación de 355 mil millones de pesos, a fin de que sea pilar en el freno a la crisis productiva, económica, social y ambiental que atraviesa el agro nacional.
Para este año se destinaron 305 mil millones de pesos al campo, detalló José Antonio Rojo García de Alba, presidente de la comisión de agricultura y de distritos de riego de la Cámara de Diputados.
El también secretario de organización de la CNC reconoció que no se puede comprobar si ese monto realmente se aplicó, pero en muchas regiones del país las quejas de los productores existieron durante todo el año.
La presentación de la propuesta estuvo a cargo de César Tourrent, integrante de la CNC y director del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (Cedrssa) en San Lázaro.
Dijo que el PEC debe ser una señal que dé sustento y responda a la realidad rural del país, así como a los pronunciamientos y compromisos de campaña del presidente electo, Enrique Peña Nieto.
El director del Cedrssa mencionó que después de 12 años de lucha contra un gobierno opositor a lo que representan intereses de los campesinos, indígenas y el sector social, la CNC ha sobrevivido y seguirá luchando de manera organizada, para incrementar y hacer accesibles los apoyos del gobierno al sector rural.
“La primera señal es que se envíe a la Cámara de Diputados un crecimiento en términos reales del PEC (presupuesto de egresos) 2013 y no ocurra lo que ha sucedido en los últimos nueve años, en donde el Ejecutivo envía a la Cámara un presupuesto menor al del año anterior y sesgado a las actividades sociales-asistenciales, generando conflictos en todos los agentes de la sociedad plural”, afirmó.
César Tourrent informó que la propuesta es superior en 50 mil millones de pesos a lo aprobado en 2012, considerando los índices inflacionarios y que, sobre todo, se busca asegurar que se privilegie al campesino, indígena y pequeño productor en zonas de muy alta, alta y mediana marginación.
Lo que se pretende es dar prioridad a los programas que fomenten la producción de alimentos y contribuya al mandato constitucional de garantizar, por parte del Estado, una alimentación suficiente, sana y nutritiva entre la población, particularmente de la zona rural que es la más afectada por el hambre.