Zacatecas.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) cambiará algunos mecanismos de revisión del uso de los recursos públicos, pues ahora no esperará a que una obra esté terminada para rectificar las anomalías, dijo su titular, Guillermo Huizar Carranza.
Éste es uno de los cambios que se hicieron con la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, que entró en vigor el 1 de enero, y que estipula que la Contraloría Interna dejaría de existir para dar paso a esta nueva dependencia.
Por ello, dijo que si “no hay cambios sustanciales” en las atribuciones de la ley, la SFP podrá sancionar o corregir si existen irregularidades en cualquier obra pública en proceso de construcción.
“Sin perder su naturaleza de una dependencia responsable del control, tendrá un mayor peso específico en labores de prevención, por la vía de la modernización administrativa, el mejoramiento de sistemas de control interno y vía capacitación o participación ciudadana”, dijo el funcionario estatal.
En entrevista exclusiva para NTR Medios de Comunicación, Huizar Carranza también detalló que estará al pendiente de que las metas trazadas por las distintas dependencias gubernamentales se cumplan, al medir alrededor de 150 indicadores mediante el Sistema Estatal de Evaluación y Control Gubernamental.
“Este sistema de evaluación del resultado lo habrá de construir, operar y diagnosticar de manera cotidiana la Secretaría de la Función Pública. Como se ve, es una dependencia totalmente distinta a la Contraloría”, detalló.
Asimismo, dijo que medirán los logros por dependencia, con la intención de conocer los avances en las distintas materias gubernamentales; los propios titulares propondrán las metas y los resultados podrán ser consultados públicamente”.
“Tiene la intención de apartar de la brega política la eficacia o ineficacia de la administración pública del estado. De repente notamos que cuando hay una confrontación política se revisan los resultados de los secretarios y hace que se pierda objetividad”, declaró.
El funcionario aclaró que esperan sustituir los posicionamientos políticos por indicadores donde no intervendrá el gobierno del estado y que incluso las mediciones podrían realizarlas los organismos internacionales.
En este aspecto, planean incluir al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), instancia con la cual tiene firmado un convenio desde enero de 2011, donde la única publicación ha sido el dossier México Estatal, pero también a otras instancias evaluadoras.
Huizar Carranza agregó que mientras el Congreso del Estado aprueba los reglamentos internos de las dependencias estatales –lo que debe suceder antes de que termine marzo– operarán con los que tienen actualmente.
Cabría recordar que recientemente fueron entregadas 41 leyes reglamentarias a la Legislatura local, que una vez aprobadas permitirán al gobierno del estado aplicar en su totalidad las reformas a la administración pública.