México.- Los diputados de la Comisión de Seguridad Social acordaron reunirse la próxima semana con los directores generales del IMSS, José Antonio González Anaya, y del Infonavit, Alejandro Murat Hinojosa, para que aclaren las irregularidades en los pagos de Oceanografía a estos organismos.
El presidente de esta comisión, el perredista Javier Salinas Narváez indicó en un comunicado que “si bien no se sabe con precisión el monto del fraude, sí hay un quebranto en el patrimonio del IMSS y del Infonavit por los recursos millonarios que debieron entregarse”.
Dijo que el tema es muy importante, por lo que es fundamental que la comisión que preside se pronuncie por obtener toda la información correspondiente, toda vez que hay una violación a la ley, “necesitamos saber por qué se toleró y cuánto dinero está de por medio”
En una reunión de trabajo de esta instancia legislativa, Salinas Narváez resaltó que se trata de un tema relevante, muy importante, de transparencia y de rendición de cuentas que les interesa atender.
Además informó que la comparecencia de los directores de los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), es propuesta del diputado del PRD, Miguel Alonso Raya.
En la propuesta argumentó que es incomprensible que hasta ahora el IMSS haya presentado una denuncia en contra de Oceanografía, cuando desde 2010 había detectado que esta empresa y sus asociadas no estaban cubriendo el pago de las cuotas obrero-patronales de sus trabajadores.
Igual que el Infonavit, pues hace unos días se presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Oceanografía y otras cinco empresas asociadas, por no cumplir con el pago de las aportaciones patronales a la Subcuenta de Vivienda.
Por ello, planteó citar a comparecer ante comisiones a los titulares del IMSS y del Infonavit para que informen con precisión la dimensión de estas irregularidades, así como de los procedimientos en contra de funcionarios o ex funcionarios por su presunta responsabilidad en ellas.
Añadió que las empresas “incurrieron en incumplimiento de su responsabilidad, que no solamente afectó la economía de ambos institutos y las prestaciones de los trabajadores, sino que podría implicar un fraude para el erario público”.