“Fui vencida sin haber sido oída”, fueron las palabras de Adriana Leonor Gutiérrez Pérez, quien es una de las afectadas por violencia laboral en el Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de la Secretaría de las Mujeres (Semujer), quien afirma que fue despedida de forma injustificada el 28 de febrero.
La abogada, que durante 18 años se dedicó a brindar acompañamiento legal a las usuarias del centro, y además es madre soltera, compartió con NTR Medios de Comunicación que la violencia laboral de la que ha sido víctima inició desde el ingreso de la nueva coordinadora del centro, Olga Patricia Puebla Díaz, quien llegó a imponer su voluntad a esta institución violentando a sus trabajadores.
Gutiérrez Pérez enfrentaba un proceso administrativo, mismo que fue resuelto de forma negativa para ella, el que inició después de dar contestación a un memorándum en el que quedaban prohibidas las salidas a los juzgados para la revisión de expedientes, a lo que se respondió:
“Sugiero que se gire oficio a los juzgados para que den indicaciones que tienen la obligación de ponernos hora en los pases de salida, porque sellos ponen y en las promociones, cualquiera que se diga conocedor del derecho sabe que lleva folio, fecha y hora”.
Fue después de haber dado esta respuesta que se inició el acoso laboral y la violencia hacia su persona; en primer lugar, se le cambio de área de trabajo dentro del mismo centro en un área que era totalmente desconocida para ella, por lo cual no se contaba con la experiencia ni conocimiento para desempeñar sus labores.
En el memorándum, en el que se le notifica la recesión laboral, mismo que esta firmado por la titular de la Semujer, Zaira Ivonne Villagrana Escareño, se informa: “hago de su conocimiento que se ha determinado su recisión laboral, ello en virtud de las conductas e infracciones que se acreditaron dentro del procedimiento de investigación administrativo 001/PARDL/DJSEMUJER/2022, consistentes en incurrir en malos tratos contra sus jefas inmediatas, causal de recisión sin responsabilidad para el patrón”.
Sin embargo, el proceso al que se le hace mención fue terminando con irregularidades y sin permitir que se presentaran las pruebas por parte de la afectada; “no se me permitió el ofrecimiento de las pruebas, aun cuando la coordinadora jurídica, Silvia Karina Díaz de León Pescador, en la diligencia del 8 de febrero, manifestó que se fijaría fecha para el desahogo de los testimonios y declaraciones de mi parte, que ofrecí dentro de mi contestación”, detalló la afectada.
