En respuesta a los diversos tipos de violencia que ha sufrido la abogada María Guadalupe Gallegos Guerrero, por parte de la coordinadora del Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia (CAMVV) de la Secretaría de la Mujer (Semujer), el presidente del consejo directivo de la fundación Abogado Amigo, José Manuel Santillán Campos, solicitó la intervención del gobernador David Monreal Ávila para dar una solución a esta problemática.
“A una compañera abogada le tocó ser víctima de los abusos y los excesos de una institución pública, lo cual no va acorde con la nueva gobernanza que pregona el gobernador”.
Refirió que desde antes de que terminara 2021 tuvo conocimiento de que se estaba presentando en diversas instituciones de gobierno “un terrorismo laboral”, sin embargo, era un tema que solo se veía en redes o se escuchaba en comentarios de personas cercanas que habían sido despedidas de forma injusta.
Sin embargo, en esta ocasión, la víctima fue una abogada perteneciente a la fundación, quien además es presidenta del consejo de vigilancia; “si le pegan a uno nos pegan a todos”, indicó Santillán Campos.
Cabe recordar que Gallegos Guerrero, junto con dos compañeros más denunciaron ante NTR Medios de Comunicación ser víctimas de violencia laboral, psicológica y de género por parte de la coordinadora del centro, Olga Patricia Puebla Díaz, desde su arribo a la institución.
Además de que Gallegos Guerrero se encuentra de incapacidad, después de haber sido sometida a una intervención quirúrgica en la que se le retiro un tumor en un ovario, procedimiento que ha tenido complicaciones debido a las diversas situaciones de estrés a las que ha sido expuesta durante las últimas semanas.
El también abogado litigante compartió que fue testigo del “terrorismo laboral” del que fue víctima la abogada, quien durante 13 años trabajó en el centro, esto durante la entrega recepción de la oficina que ocupaba, donde la afectada acudió a laborar una semana después de que salió del hospital.
“Es muy lastimoso y creo que esto no le ayuda al gobernador en nada”, por lo cual fue entregada la queja en un documento al gobernador, en su oficina particular el 25 de febrero, del cual se dio una copia a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), que ya inició la investigación de caso.
