Cómo nos ve la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Entre diciembre de 2022 y enero de 2023, se le han impuesto a nuestro país, por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuatro medidas cautelares, porque se ha demostrado suficientemente que los beneficiarios de dichas medidas se encuentran en situación de riesgo inminente de un daño irreparable, urgente y grave.
Para ponernos en contexto, México ratificó la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos el 2 de marzo de 1981. De dicha Convención emanan dos órganos cuya función es, entre otras, recibir quejas de las personas por presuntas violaciones a sus derechos humanos en los Estados parte de la Convención. Además, la Comisión interamericana puede otorgar medidas cautelares cuando se le demuestren por parte del peticionario, la existencia de un riesgo de daño irreparable, grave y urgente (artículo 25 del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos); así también, la Corte Interamericana puede otorgar medidas provisionales, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, en casos de extrema gravedad y urgencia para evitar daños irreparables.
A partir de lo anterior, las personas que han visto violentados sus derechos humanos y las autoridades de sus respectivos países no garantizan la protección a sus derechos humanos.
En ese sentido, el los últimos años se ha incrementado considerablemente el número de peticiones admitidas por la Comisión Interamericana en contra del Estado Mexicano, lo que nos habla de la crisis de derechos humanos en la que nos encontramos, pero si analizamos el texto de las resoluciones, al menos de las últimas cuatro, en las que la Comisión decide otorgar dichas medidas a los solicitantes, hay una reiterada observación que llama la atención, se señala la inactividad del Estado mexicano ante las denuncias presentadas por las víctimas o sus familiares ante las autoridades correspondientes, se habla del clima de inseguridad, así como de la incapacidad de implementar políticas públicas adecuadas que garanticen la seguridad de las personas en el territorio mexicano y, como si no fuera suficiente con todo lo anterior, se hace un especial señalamiento de como el Estado a través de diferentes mecanismos, criminaliza a las víctimas, en su incesante afán de desacreditarlas, para no garantizarles el correcto ejercicio de sus derechos.
La Comisión Interamericana habla de la impunidad qué hay en México y la falta de avances sustantivos en las investigaciones y la falta de voluntad de las autoridades para cumplir con sus funciones a pesar de existir evidencia clara de los autores responsables de la comisión de los delitos que no se investigan.
Es indignante ver la imagen qué hay de nuestro país al exterior, que somos un país donde no hay gobierno, donde impera la impunidad, donde las víctimas se exponen a que el Estado las criminalice si denuncian y los delincuentes son protegidos.
En México, los derechos humanos son letra muerta para este gobierno y eso es lamentable. No se trata de un asunto político, ni de la prensa conservadora, se trata de la opinión que emite un organismo internacional sobre la base de la información recibida de parte de las víctimas y la que, a través de una solicitud, le proporcionó el Estado Mexicano. ¿Qué puede decir el gobierno ahora? Tachará al a Comisión Interamericana de ser un organismo neoliberal que sirve a los intereses de la derecha que lo quiere ver derrotado, podrá argumentar lo que quiera. Aquí hay una verdad que no se puede ocultar, las víctimas pudieron demostrar ante una autoridad supranacional las violaciones de las que son objeto, el Estado no pudo demostrar que está haciendo su trabajo, ante eso, no hay mucho que argumentar.