La falta de presupuesto, modificaciones y la posible desaparición del Sistema Integral de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Sipinna) afectan la aplicación de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Zacatecas, la cual también necesita actualizarse, advirtieron especialistas.
Cristela Trejo Ortiz, abogada defensora de la infancia, puntualizó que la citada ley “sin dinero no puede ser una política pública funcional”, ejemplo de ello es la falta de seguimiento, acompañamiento de los menores huérfanos por violencia, accidentes u otras situaciones.
Advirtió que lo estipulado en la legislación podría quedar más debilitada por la insistencia de desaparecer el SIPINNA en los ámbitos federal, estatal y municipal. Y la situación se magnifica en Zacatecas, pues no todos los municipios cuentan con este sistema.
A ello se suman las modificaciones en temas básicos, como castigos corporales y humillantes, y la crianza positiva, porque fue una ley promulgada desde 2015.
Atención
El procurador de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Familia del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Álvaro García Hernández, informó que mensualmente se brinda atención a entre 15 y 20 casos de menores víctimas de algún tipo de violencia.
También existen carpetas atendidas por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y otras instancias, por lo cual, el número de menores que sufren violencia en la entidad puede ser mayor.
Aseguró que en todos los casos, sin excepción, se mantiene una permanente vigilancia y hay seguimiento con especialistas en Trabajo Social y psicólogos de la Procuraduría de Protección de Menores.
Existen protocolos para proceder conforme a cada caso y en algunas ocasiones los menores tienen que permanecer en albergues a cargo del SEDIF.
Además, de ser necesario algunos infantes son enviados con familiares cercanos, “siempre y cuando existan las condiciones que garanticen el sano desarrollo de los menores”.
No sólo se atienden casos de niños zacatecanos, “también se tiene constante apoyo con los menores y adolescentes migrantes”, puntualizó García Hernández.
Al respecto informó que brindan atención a entre 3 y 20 a niños migrantes por mes y su estadía depende del Instituto Nacional de Migración (INM); “en ocasiones se quedan hasta 10 días, en los que son atendidos médica y psicológicamente; también reciben alimentación y un trato digno”.
Temas a modificar
La diputada Gabriela Basurto Ávila, presidenta de la Comisión de la Niñez, la Juventud y la Familia en la LXIV (64) Legislatura, reconoció que no hay suficiente presupuesto para la correcta operatividad de esta ley y se requieren modificaciones que ella propondrá en mayo.
Agregó que cada dependencia que obedece al cuidado y protección de niños y adolescentes está obligada a etiquetar presupuesto, según lo señala la ley, condición que no se cumple por la falta de dinero en las dependencias estatales.
Enfatizó que se requiere cambiar temas como el maltrato infantil, en su modalidad de castigos corporales o humillantes, y la crianza positiva, que abarca garantizar que los niños, niñas y adolescentes “crezcan en un ambiente sin violencia, lleno de valores y en el que se cubran las necesidades básicas de educación, salud y alimentación”.
La diputada confirmó que existen municipios sin funciones del Sipinna, y aunque no dio a conocer cuáles, aseguró que esto impide una aplicación plena de la legislación vigente.
La situación es más grave por la reforma a la ley federal que pretende desaparecer la figura de este sistema de protección a menores por el tema de la austeridad, “de ser así se retrocederá varias décadas en la materia de la protección de las infancias”. Esto debido a que las acciones en materia del cuidado de los infantes están en manos de este organismo.
Protección en el SEDIF
Álvaro García Hernández considera que la ley de protección a los menores requiere de actualizaciones y adecuaciones.
Recalcó que “no hay que esperar a que una ley resuelva todo. Sin embargo, la realidad de nuestra sociedad rebasa el tema de las leyes por lo que es necesario adecuarla a nuestro entorno”.
No obstante, reconoció que existen beneficios con la ley vigente, “lo principal es tomar en cuenta a los menores y adolescentes como titulares de los derechos que se les otorgan”.
