El abuso sexual contra infantes en escuelas: ¿Un crimen?
El abuso sexual contra infantes en escuelas mexicanas (tipificado como un horror, una pesadilla y un crimen no atendido adecuadamente), se triplicó en la última década, según investigaciones realizadas en 28 de los 32 sistemas educativos del país, (problema del que no escapa Zacatecas).
Dicho fenómeno reclama la implementación de eficientes protocolos, medidas, legislaciones actualizadas y políticas que combatan este atroz delito.
Es tiempo de enfrentarlo con responsabilidad.
Esa lacerante realidad asociada a la comisión de dicho delito, la exponen dos extraordinarias investigaciones documentales y de campo, una de ellas titulada Depredadores en las Aulas, realizada en la mayoría de las entidades de la República, por La Plataforma Periodística de las Américas, difundida ampliamente la semana pasada, donde destacan los trabajos exhaustivos sobre el particular efectuados por Alejandra Crail y Daniela Guazo.
La otra fuente que aborda con realismo y profesionalismo el tema es el libro La Explotación Sexual en Escuelas, publicado y difundido recientemente por la Oficina de Defensoría de los Derechos Infantiles (ODI, A.C), organización mexicana de la sociedad civil que se ha especializado en el estudio sobre dicho complejo delito que aqueja a las escuelas mexicanas.
Ambas fuentes documentales de investigación coinciden en aceptar que el delito de abuso sexual cometido en contra de infantes en las escuelas del país ha ido en ascenso y en la última década se triplicó. El problema es que al respecto el Estado Mexicano no ha hecho gran cosa para garantizar la integridad física de niños, niñas y adolescentes. Faltan protocolos efectivos.
La investigación documental denominada Depredadores en las Aulas: El Secreto Escolar, desarrollada en 28 entidades de la República (las autoridades de Baja California Sur, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora, se negaron a cooperar) revela que del registró a la fecha de delitos de abuso sexual en escuelas, el 80 por ciento fue cometido por docentes, el 12 por ciento por personal de apoyo, de intendencia y limpieza, y el 3.6 por ciento por directivos.
Este extraordinario trabajo de investigación aporta un dato adicional escalofriante: hay indicios en 11 entidades de la República, donde el abuso sexual de infantes en escuelas es realizado por grupos de adultos debidamente organizados para cometer este delito.
De los delitos de abuso sexual, el 63 por ciento de ellos se han registrado en perjuicio de alumnos de los niveles de preescolar y primaria. El 37 por ciento restante en estudiantes de secundaria.
Entre menos edad tengan las víctimas, son estos más vulnerables y la complicación se reduce para los potenciales delincuentes/victimarios y depredadores sexuales. Un horror y una pesadilla, que hay que combatir.
El abuso sexual contra alumnos es una expresión de la creciente violencia en las escuelas que ha ido adquiriendo dimensiones dramáticas y que se complejiza aún más cuando los actos de horror se videograban para insertarlos en los circuitos virtuales de la industria global de la pornografía infantil.
El tamaño del problema
Según datos oficiales de agencias internacionales como la ONU/Unesco, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en México (así como el negocio de la pornografía infantil), genera utilidades por 24 mil millones de dólares anuales, por encima del tráfico de armas y solo por debajo del narcotráfico.
El delito de explotación sexual infantil en línea creció exponencialmente. En el período de confinamiento por la pandemia del SarS-Cov2 las denuncias de las familias, ante las autoridades, por este ilícito aumentaron en más de 100 por ciento.
La Fiscalía General de la República reportó al Senado que un año antes de la pandemia sanitaria se habían detectado más de 12 mil 300 cuentas de internet que distribuían material de explotación sexual infantil en nuestro país.
Los efectos del abuso sexual infantil
El abuso sexual cometido contra infantes es un horror y una pesadilla que genera traumas de por vida, con afectaciones psicoemocionales profundas. En otras palabras, se destruye la vida de seres humanos vulnerables e indefensos. Es realmente un crimen horrendo.
Pero hay que admitir que este delito ha crecido en un contexto de omisión, impunidad e irresponsabilidad del Estado Mexicano, para combatirlo y erradicarlo. Faltan acciones y protocolos efectivos. Es tiempo de actuar.