Las protestas de trabajadores escalaron al punto de que ya paralizaron la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE). En estas circunstancias, las autoridades reconocieron que hay un “alto riesgo a la seguridad pública” y, a pesar de ello, ninguna de las partes avanza para el diálogo.
Las actividades de la institución están obstaculizadas, desde la respuesta a delitos de alto impacto, la investigación de casos, el Banco de Armas, el servicio forense, la recepción de denuncias y hasta el debido proceso tanto para víctimas como para presuntos delincuentes.
A más de un mes de las primeras quejas, la mañana de este viernes, los inconformes pasaron de las manifestaciones al bloqueo de las instalaciones principales de la FGJE, en la capital zacatecana, así como en otros 12 distritos. La advertencia se mantuvo: “no nos vamos a retirar”.
Mientras tanto, se suman demandas a la lista que inició con la exigencia de un aumento salarial, pago de viáticos, revisiones de casos laborales específicos e insumos necesarios para distintas áreas. Ahora, también se reclama la destitución de altos mandos y el cese a lo que señalan como acoso laboral e incluso sexual.
Los manifestantes acusan de supuesta corrupción y hostigamiento a Francisco Murillo Ruiseco, titular de la FGJE, además de José Antonio Milanés, Dolores Ramírez, Karol Anahí Montelongo, Víctor Manuel Guerrero, Homero Ramírez, Elisa Magali Sánchez, Laura Ruelas, Socorro Jara, Ana Cristina Torres y José Antonio Briseño.
Problema delicado
Durante la mañana, el fiscal Francisco Murillo recibió a representantes de los inconformes, a los que se unieron fiscales, asistentes, peritos, facilitadores, administrativos y policías de investigación.
Ante el déficit financiero de la FGJE, insistió en que se requería que el gobernador David Monreal Ávila estuviera presente para cualquier acuerdo. Esto detonó que el personal decidiera impidir el paso a las instalaciones.
Más tarde, en declaraciones para los medios de comunicación, el gobernador calificó como delicado el problema en la fiscalía estatal, pues advirtió que los plazos legales se vencen, están sin vigilancia artículos decomisados y se cae en irregularidades en las detenciones, entre otros problemas.
“[Murillo Ruiseco] me dijo que tenía que liberar a unos delincuentes ayer por no poder presentarlos conforme al debido proceso”, ejemplificó. Por ello, Monreal Ávila instruyó al secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, a que se busque una vía presupuestal para cumplir y “dar justicia a los trabajadores”.
Por otra parte, Reyes Mugüerza aclaró que el diálogo y las negociaciones serán con personal de la fiscalía, “pero no con actores políticos externos”, a los que responsabilizó de cualquier interferencia en la impartición de justicia en Zacatecas.
Riesgo de impunidad
Debido al bloqueo de la FGJE, está obstaculizado el ejercicio de las funciones constitucionales y legales del Ministerio Público, “con la consecuencia de impedir la adecuada investigación y persecución de los delitos”, así como varias violaciones a derechos humanos, alertó el gobierno estatal en un comunicado.
Se notificó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que no se tiene la debida custodia del Banco de Armas, en la que se encuentran 470 cortas y 480 largas en resguardo.
Asimismo, está sin vigilancia la conservación de 290 cadáveres no identificados que se encuentran bajo resguardo y, debido a que no se puede monitorear la temperatura de las cámaras frías, hay alto riesgo de descomposición.
Al no contar con el Servicio Médico Forense (Semefo) para la recepción de cuerpos, se impide la aplicación de los protocolos de necropsia, reconocimiento y entrega a familiares. Otra afectación es la imposibilidad de brindar atención médica y psicológica de urgencia a las víctimas.
Tampoco se pueden recabar denuncias ni recibir detenidos, incumpliendo el debido proceso y la Ley Nacional del Registro de Detenciones, y la falta de acceso a las carpetas de investigación conlleva la desatención de audiencias programadas, vencimiento de plazos y, por consecuencia, el riesgo de impunidad.
En general, no está garantizada la atención inmediata a delitos de alto impacto, como homicidios, feminicidios, secuestros y desapariciones, y ninguno de los cuerpos policiacos puede actuar para los trámites ante la FGJE.
“Sin politiquería”
El gobernador David Monreal recalcó que “la aplicación del presupuesto está muy avanzada, por eso el secretario general de Gobierno y el de Finanzas [Ricardo Olivares Sánchez] buscarán alguna opción para solucionar el conflicto”.
Evaluó que lo que se hizo mal en la fiscalía “fue que inflaron la nómina y sacrificaron el verdadero beneficio a la clase trabajadora, porque ya no tenían para mejorarle sus salarios”.
Pese al recorte que se aplicó en 2022, aseguró que la FGJE “ha sido objeto de incrementos presupuestales al menos los últimos cuatro años y fue de las pocas que no se tocó, junto con el Poder Judicial”.
Además, Monreal Ávila afirmó que el problema podría destrabarse “si se despoja la parte de la politiquería”. “Recomendé que [el diálogo] se haga con los trabajadores, porque nada debe estar opinando un dirigente de partido, los dirigentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI)”, reprochó.
También le pidió a Reyes Mugüerza “que deslinde responsabilidades a la fiscalía”, pues consideró que “debe privar la responsabilidad pública”.
Las autoridades llamaron a los inconformes a que liberen los accesos y se comprometieron que, tras la revisión de las demandas “que resulten justas”, se convocará a una mesa de diálogo. Mientras tanto, en dos asambleas realizadas durante la tarde, los manifestantes votaron por continuar el bloqueo.
