JALPA. Salvador Gómez Ledezma, quien fue comandante de la policía municipal, desapareció en abril de 2010 mientras realizaba sus funciones, 13 años después su familia reclama al ayuntamiento el pago de sus derechos laborales; sin embargo, se han postergado el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Administrativo del Estado de Zacatecas (Trijazac).
Lindsey Marisol Viramontes Silva, abogada de la familia, explicó que hasta 2019 se logró acreditar que su desaparición fue por riesgo de trabajo, pues él se encontraba en funciones.
Indicó que a raíz de esto se comenzó a requerir, de manera verbal, el pago de sus prestaciones a las autoridades municipales, pues Salvador era el único sustento económico que tenía su esposa y su hijo de siete meses cuando desapareció; sin embargo, las autoridades fueron omisas.
Por la nula respuesta, la familia de Salvador solicitó el pago de manera escrita y al negárselo inició un proceso en el Trijazac.
La abogada detalló que, en una primera sentencia, el pago que señalaban era “absolutamente nada”, por lo que interpusieron un amparo y se ganó. Por ello, en 2021 se emite la segunda sentencia, donde se les condena a las autoridades y exponen la violación a los derechos.
SENTENCIA DEFINITIVA
En la sentencia de hace dos años, explicó Viramontes Silva, existe la presunción de que Salvador falleció por un riesgo de trabajo, es decir, se presume “que esta persona ya no existe” y se le obliga al ayuntamiento a cumplir con alrededor de 500 días de salario integrado, así como la entrega de pólizas de los seguros de vida vigentes con los que él contaba.
“Esas pólizas también se habían requerido para que se les hiciera entrega a la beneficiaria, que es su esposa, pero fueron omisos”, indicó la abogada.
ACUERDO CON VENTAJAS
Con esta sentencia, el alcalde Noé Guadalupe Esparza Martínez, así como la síndico y parte del área jurídica, buscaron un acuerdo con la familia y ofrecen una tercera parte del total de la sentencia; sin embargo, esto no se formalizó, pues el ayuntamiento pretendía que se desistiera del proceso legal.
“Al estar revisando cláusula por cláusula del acuerdo, había una que nos llamó la atención, en la que la esposa desistía del proceso ante el Tribunal de Justicia Administrativa, sin que hubiera forma de acreditar el pago”, detalló Marisol Viramontes.
Al negarse a firmar, el ayuntamiento presenta un amparo; sin embargo, éste es rechazado por parte del tribunal, el cual ya ha multado a las autoridades municipales por el incumplimiento de la sentencia, entre ellos el alcalde, síndico, director de Seguridad Pública Municipal y el área jurídica.
La abogada consideró que el área jurídica ha buscado cualquier recurso para postergar el cumplimiento de esta sentencia, lo que ha complicado la situación económica de la familia que representa, pues Salvador era el único sustento económico.
