Un esfuerzo por acrecentar la Cultura Contributiva
Dentro de las muchas tareas que hay dentro del Servicio de Administración Tributaria (SAT), está la promoción permanente de la cultura del cumplimiento de las obligaciones fiscales que se tienen en México.
Mire Usted, la Ley del Servicio de Administración Tributaria señala en su artículo segundo (contenido en el Título Primero, que habla “De la naturaleza, objeto y atribuciones”; capítulo primero, “De la naturaleza y objeto”), que “El Servicio de Administración Tributaria [SAT] tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público, de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras, de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario de dichas disposiciones, y de generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria”.
El problema que subyace en esa responsabilidad es que, en general, en nuestro país hay un déficit de cultura contributiva que nos permita entender las dimensiones de nuestra relación fiscal como contribuyentes con el Estado mexicano. Esto pudiera tener varias explicaciones, pero lo importante a considerar en esta colaboración es que la promoción de la cultura contributiva puede estar contenida en la política de administración tributaria y aduanera, que de acuerdo con la misma ley del SAT, se entiende como “el conjunto de acciones dirigidas a recaudar eficientemente las contribuciones federales y los aprovechamientos que la legislación fiscal establece, así como combatir la evasión y elusión fiscales, ampliar la base de contribuyentes y facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones de los contribuyentes”.
Recaudar, combatir evasión y elusión, ampliar el número de contribuyentes y facilitar el cumplimiento pueden tener una base que garantice algo de eficiencia en la cultura contributiva; para ello, es necesario entender que es preciso dejar de lado la idea equivocada del cumplimiento forzoso de las obligaciones fiscales por una especie de miedo a un castigo del Estado, en lugar de hacerlo por el convencimiento que la propia legitimidad de la norma tributaria conlleva.
Dicho de otra forma, me parece que, como contribuyentes y/o ciudadanos, debemos poner de nuestra parte para interesarnos, informarnos y aprender respecto de la dimensión impositiva de nuestras actividades económicas, dejando de lado la idea de miedo a la autoridad tributaria.
Borja y Lindemberg (2014) señalaron que “para superar una visión maniquea del mundo donde prevalece, por un lado, por parte de la Administración Tributaria una idea de la hostilidad fiscal, que da al contribuyente el estereotipo de presumible evasor fiscal; y por otro lado, por parte del contribuyente, un rechazo de los impuestos, lo que hace que se otorgue a la Administración Tributaria el estereotipo de opresor fiscal, los principios que rigen la moral tributaria se basan en la construcción de un conjunto de valores guiadas al establecimiento de relaciones de confianza y la búsqueda de la legitimidad de los impuestos dentro de los cuadrantes de un Estado Democrático y Social de derecho”.
Traje a colación la cita porque me parece que, entre otras cosas, señala una dualidad de confianza y legitimidad en la relación entre contribuyentes y autoridad, basada en la claridad del rol que tiene cada uno de ellos, pero particularmente, en el necesario involucramiento de las personas (físicas y morales) en cuanto a la obligación constitucional de aportar al gasto público de manera proporcional y equitativa.
Todos los gobiernos requieren de determinados recursos públicos financieros para solventar o mitigar necesidades de su población; la recaudación tributaria se convierte en un elemento fundamental de las finanzas públicas para solventar una parte considerable de ese gasto público que realizan los gobiernos, en el marco de sus atribuciones y ámbito.
Las variables impositivas que se van dando (creadas desde hace tiempo, depuradas con el paso de éste) generan un marco de actuación para la relación contribuyente-autoridad en la que, entre otras cosas, ha de destacarse la facilidad que se puede tener de parte de la última, para el cumplimiento de las obligaciones del primero.
Por lo pronto, me parece que tenemos ante nosotros una oportunidad importante de abrir las puertas a un mayor entendimiento de nuestra relación como contribuyentes con el gasto público a través de mecanismos de cultura contributiva, que nos lleven a entender nuestro papel y las variantes que puede haber, según nuestra condición de actividad económica.
Como concluyen Borja y Lindemberg: “El hecho de que los Ministerios de Hacienda trabajen en la educación en valores y en ciudadanía vinculada a temas fiscales constituye un avance para las democracias de América Latina. Supone el abandono de enfoques únicamente coactivos y una nueva orientación en la relación entre el Estado y los ciudadanos.
Las nuevas iniciativas de transparencia y acceso a la información están logrando acercar, todavía de manera incipiente, la función pública a los ciudadanos, pero van a requerir un profundo cambio en la cultura ciudadana y de los funcionarios públicos.”. Ahí vamos, estamos trabajando, pero es cuestión de todos.
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