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    Opinión Por MANUEL IBARRA SANTOS

    CRISOL POLÍTICO

    12 de febrero de 2024No hay comentarios4 Minutos de lectura
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    Las mafias criminales en política y los jueces sin rostro

    Fue el escritor y profesor italiano Leonardo Sciascia (1921/1989) quien socializó en sus múltiples obras la categoría conceptual de la “sicilianización del poder”, para referirse al modelo de democracia, de gobierno y sociedad dominadas por las mafias criminales. Este peligro, hoy más que nunca, está latente en Zacatecas y México.

    Ante la violencia criminal que azota a la sociedad y la aparición creciente de los crímenes políticos, la autoridad competente debiese de actuar con eficiencia, con la debida coordinación entre los distintos niveles de gobierno, para impedir que ese fenómeno (que todo lo pervierte y degrada) se asiente como algo natural en el entorno colectivo local.

    En un paradigma social de esa naturaleza, mediado por la presencia del control de las mafias criminales, no existe el respeto a la Ley, desaparece el Estado (como autoridad), se da la pérdida progresiva de las ideas en la democracia y surge por lo tanto el avasallante lenguaje de la metralla y las balas.

    Esa experiencia aterradora y traumatizante hoy se vive a cada instante. Pero hay que superarla, con el combate a la impunidad.

    El pensador italiano Leonardo Sciascia advirtió en sus numerosos libros que cuando se tolera y auspicia la “sicilianización” de la política y el poder, no hay gobierno que funcione bien, porque al final de cuentas se impondrá el control territorial de los grupos criminales, que todo lo destruyen, incluso la dignidad de las personas.

    Este emblemático escritor italiano (Sciascia), describió en sus novelas el impacto negativo en la sociedad producto de las actividades de la mafia siciliana (La Cosa Nostra) y del grupo terrorista de las Brigadas Rojas (BJ), este último radical grupo marxista-leninista que perpetró innumerables asesinatos políticos, como el de Aldo Moro en 1978, bajo la consigna de limpiar al gobierno de los funcionarios indeseables y corruptos.

    El concepto de “sicilianización del poder” apareció, quizá, 10 años antes del fenómeno super/violento de la llamada “colombianización”, en la década de los 90 del siglo pasado, resultado de la acción criminal del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, para apoderarse del control de todas las instituciones de la República de Colombia, lo cual concretó sin muchas complicaciones.

    En el período álgido de la influencia por la actividad de las mafias y de los grupos terroristas en Europa, surgió la idea de implementar en el sistema de justicia de Italia, el modelo de los “jueces sin rostro” (porque no se conocían sus nombres), como mecanismo para proteger a los ministros y juzgadores, para que no fueran por sus decisiones, asesinados por las organizaciones criminales.

    Los jueces sin rostro, modelo judicial que originalmente nació en Italia, se extendió posteriormente hacia naciones latinoamericanas, como Perú, Bolivia, Colombia y Brasil. No estaría de más que en México se adoptara esa experiencia, para conjurar los peligros que enfrentan los juzgadores mexicanos ante las empresas criminales.

    Lo fundamental ahora es trabajar para impedir que en Zacatecas se instaure el modelo de la sicilianización de la política, del gobierno y la sociedad de las mafias, como lo propuso y describió en su tiempo el escritor italiano Leonardo Sciascia.

     

    La violencia y las elecciones

    De acuerdo con las investigaciones realizadas por la empresa Integralia Consultores, Zacatecas es uno de los ocho Estados de la República con alto riesgo de intervención del crimen organizado en los comicios de junio próximo. Los otros son Baja California, Sonora, Tamaulipas, Guanajuato, Estado de México, Tabasco y Veracruz.

    Pero existe, además, un conjunto de entidades con muy alto peligro de presencia de las organizaciones criminales en los comicios de este año, y en ellas se encuentran Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Chiapas y Morelos.

    Lo recomendable ante tal riesgo, es que el Estado Mexicano actúe e implemente la más adecuada estrategia para neutralizar la participación de las organizaciones criminales en las elecciones de 2024 y se permita que los ciudadanos acudan libremente a emitir su voto en las urnas.

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