CIUDAD DE MÉXICO. Un Tribunal Colegiado desestimó los recursos de queja que interpusieron el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y la Jefatura de Gobierno en contra de una suspensión provisional que los obliga a abrir información sobre el agua contaminada en la Alcaldía Benito Juárez.
En las impugnaciones, Sacmex argumentó que los quejosos no mostraron un interés jurídico, pues exhibieron copias simples de recibos de agua y de la credencial de elector.
«No anexan en su demanda de amparo algún tipo de prueba en la que demuestren fehacientemente ser los propietarios de los inmuebles y tampoco demuestran ser los usuarios de la toma de agua que tributa», argumentó Sacmex en los agravios.
«Se desprende que los quejosos no demuestran que tienen algún derecho sobre los bienes inmuebles de los que se trata».
La Consejería Jurídica, en representación de la Jefatura de Gobierno, contestó en el juicio de amparo que existe información oficial suficiente del caso en los portales de la Administración capitalina.
«Diversas autoridades integrantes de la Administración Pública de la Ciudad de México, en concordancia con autoridades del Gobierno federal, han realizado diversas acciones tendientes a mitigar los acontecimientos en la Alcaldía Benito Juárez», expuso la Consejería.
En una sesión pública, la magistrada Ileana Moreno, integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se pronunció sobre los agravios que presentaron las autoridades capitalinas para no abrir datos ante el agua contaminada en la Benito Juárez.
«Estas personas (los quejosos) acreditan su interés, por lo menos de manera indiciaria, en el amparo, por lo que este agravio de la autoridad me parece también que es infundado», señaló la magistrada Moreno.
El abogado Franco Lammoglia, quien promovió el juicio de amparo, adelantó que próximamente habrá una nueva audiencia en la que un Juez de Distrito resolverá si otorga o no una suspensión definitiva para que el Gobierno de la CDMX transparente información al respecto.
Con la resolución, los quejosos, quienes son vecinos de la Alcaldía, esperan que les entreguen, principalmente, estudios que se realizaron en el acuífero sobre los contaminantes en el agua, así como las conclusiones de 4 mil 200 muestras.
«La postura del Gobierno es que nosotros no sepamos a qué nos tuvieron expuestos (…) nosotros no entendemos si tiene un tinte político», apuntó Lammoglia a REFORMA.
«Nos da mala espina que el Gobierno siga ocultando información».
Alejandro León
Agencia Reforma