Sobre la suspensión de labores en el Poder Judicial
El Poder Judicial Federal está cimbrándose desde sus raíces, necesario sacudir la justicia en México, pero no debe ser una tarea tomada a la ligera.
En primer lugar, la justicia nunca es un tema de democracia; porque tomar decisiones justas no siempre va a complacer a las mayorías, las decisiones democráticas tampoco van a ser siempre justas. Éste es uno de los primeros problemas de la propuesta de reforma judicial.
En segundo lugar, uno de los problemas que aqueja al Poder Judicial (PJ) es la existencia de relaciones familiares que son las que privilegian en la contratación de personal.
Puede ser un tema debatible, incluso cuestionable, en muchos espacios laborales de gobierno, como en otros organismos y oficinas, las relaciones familiares estaban, incluso, permitidas en los contratos colectivos de trabajo, a través de las firmas requeridas para ingresar a laboral, medida que poco a poco ha ido desapareciendo dando paso a la contratación por méritos o perfiles acorde a la función que se desempeña, pero eso no ha evitado que se siga contratando a familiares en determinados espacios, sobre todo públicos.
En el PJ se implementaron medidas para controlar ese tipo de contrataciones, pero Roma no se hizo en un día, ya había personas con los lazos familiares previo a esas medidas y las personas van generando derechos laborales, no se les puede despedir de la noche a la mañana, paulatinamente deberá ir disminuyendo, las medidas toman tiempo.
En tercer lugar, responsabilizar al PJ de la impunidad en el país. Ése es un problema estructural que requiere un análisis mucho más profundo, las causas van mucho más allá de declarar culpables o mantener a las personas en la cárcel, implica toda una reforma al sistema educativo centrado en valores, principios éticos y respeto.
También instruyendo a fin de dotar a las personas de herramientas para la vida, una política pública que garantice empleo de calidad, que no se trate solo del incremento del salario mínimo sino empleos que prioricen las mejoras en las condiciones de vida, el desarrollo del ser humano, el respeto al medio ambiente, entre otros principios que fomenten la convivencia y el bien común. Además, se trata de fortalecer también a las instituciones de procuración de justicia, las fiscalías, las policías y todos aquellos entes encargados de procurar, investigar, salvaguardar los bienes jurídicos tutelados por el sistema, dotarlos de las herramientas necesarias para desarrollar sus funciones de una manera adecuada y de la capacitación fundamental para generar un equilibrio entre el respeto a los derechos humanos y la realización de su deber de garantizar la seguridad pública.
Al final de toda esta cadena sistemática y estructural encontramos al PJ cuya función es la de impartir justicia y que, como podemos apreciar, es solo uno de los eslabones en esta estructura que unida permitiría garantizar esa estabilidad y justicia social, pero separada no podrá sostenerse.
En ese sentido, todas las modificaciones al PJ que tengan como finalidad mejorar el sistema de impartición de justicia, para que tenga un efecto favorable, deberán ir acompañadas de toda una reforma estructural que fortalezca el sistema de tal manera que se logren los objetivos planteados.
No podemos pretender que, reformando el PJ, votando por los jueces, evitando que dos integrantes de la misma familia trabajan en el mismo PJ y manteniendo a los delincuentes en la calle, se acabe con la injusticia en nuestro país. El problema es mucho más grande que eso.
La suspensión de actividades en el PJ como manifestación por la amenaza a la reforma no es una negativa, sino una llamada de atención, al gobierno, a los representantes populares y a la ciudadanía en general, para que juntos busquemos soluciones de fondo a las problemáticas del país y no permitamos que se satanice una función que para ser desempeñada requiere de un arduo trabajo diario y de mucha preparación profesional.