VALPARAÍSO. La Auditoría Superior del Estado (ASE) abrió un procedimiento de investigación en contra de las regidoras Micaela Argomaniz López y Teresita de Jesús Flores Hernández por incurrir en presuntos actos u omisiones que se consideran graves en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Por ello, las citó a una audiencia inicial el 25 de septiembre a las 11 horas, tras emitir la notificación del acuerdo de admisión “del informe de presunta responsabilidad administrativa durante el ejercicio fiscal 2018”.
La ASE inició el proceso de investigación bajo el expediente ASE-SUB-014/2024, una vez realizadas las diligencias por medio del Departamento de Investigación del ente fiscalizador, que emitió el acuerdo de calificación de faltas administrativas el 27 de junio de 2024.
Aunado a ello, emitió el informe de presunta responsabilidad administrativa con fecha del 28 de junio de 2024 “del cual se integró el expediente de investigación correspondiente, en el que se sustentan los hechos observados como presuntas faltas administrativas graves”.
Aunque los temas en que las regidoras incurrieron en faltas se mantienen en reserva por el proceso de investigación, la ASE emitió un acuerdo de admisión del Informe de presunta responsabilidad administrativa y expediente, con fecha del 4 de julio de 2024 y que la autoridad substanciadora admitió para dar trámite.
De acuerdo con el documento que se ordenó publicar en el Periódico Oficial, órgano de difusión del gobierno del estado, el caso se investiga bajo el número ASE-INV-011/2022-01, esto en virtud “de que fue imposible llevar a cabo la notificación de manera personal en los domicilios de las presuntas responsables”.
En el documento se informó que, una vez que se registraron las incidencias en el expediente, se levantaron las actas de hechos respectivos el 15 de julio y se dio notificación a la autoridad substanciadora a fin de determinar la fecha y hora para el desahogo de pruebas.
Se estableció pues, que durante la audiencia inicial a que fueron notificadas ambas regidoras, tendrán la oportunidad de ser asistidas por un abogado o en su caso, un defensor de oficio a fin de que rindan su declaración ya sea por escrito o de manera verbal y, aportar, conforme a derecho, las pruebas que estimen convenientes.
La ASE advirtió a las “presuntas responsables” que, de no comparecer sin causa justificada a la audiencia a que fueron citadas, la diligencia se llevará a cabo sin su presencia, ante dos testigos y se tendrá por perdido su derecho para manifestar lo que convenga y a ofrecer las pruebas de su intención.
La ASE ofreció un tiempo de tolerancia de 20 minutos después de la hora citada para el inicio de la audiencia a la que se les emplaza, con el fin de que cumplan con el ordenamiento establecido.