CIUDAD DE MÉXICO. Con la participación de la sociedad civil, la academia y de instancias internacionales se puede dar un debate técnico y bien informado para defender la existencia del INAI y los institutos estatales, consideró Magda Lozano Ocman, coordinadora nacional de Organismos Garantes del Sistema Nacional de Transparencia.
Durante una reunión de trabajo realizada en la sede del INAI, la también presidenta del instituto de transparencia de Quinta Roo planteó un plan de acción para participar en el debate de la reforma.
«Propongo algunas de las siguientes acciones: diálogo abierto, impulsar el diálogo con las autoridades entrantes buscando puntos de convergencia para fortalecer nuestros derechos. Opinión técnica internacional, solicitar a organismos internacionales opinión técnica sobre la propuesta de reforma», expuso.
«Colaboración con la sociedad civil, trabajar con la sociedad civil organizada, quienes han sido actores clave en la reforma constitucional y estarían en desacuerdo con este retroceso. También, apoyo académico, involucrar a la academia especializada como la UNAM y el Colmex para que emitan sus opiniones y análisis sobre esta situación».
Lozano Ocman advirtió que desaparecer los órganos garantes va en contra del derecho de acceso a la información consagrado en la Constitución.
«La propuesta de reforma que desarticula los organismos garantes representa un retroceso para los derechos humanos que tutelamos, transferir las atribuciones de esos órganos a las instituciones gubernamentales quebranta el equilibrio de poderes y nos regresa a antiguos esquemas», afirmó.
La comisionada del INAI, Norma Julieta del Río, sostuvo que nadie de los presentes podría darse por sorprendido pues la andanada contra ese Instituto comenzó desde 2018 y ahora la realidad política obliga a hacer una reflexión y considerar los nuevos tiempos.
«Hay una campaña de desinformación muy fuerte sobre lo que hacen los organismos garantes, en especial el INAI. Ahorita platicaremos esto y este ahorro del que se habla de cien mil millones de pesos, pues veíamos un estudio y tan solo de los siete organismos autónomos, porque no son todos, son cinco mil millones de pesos (de ahorro)», expresó.
La también comisionada del INAI, Josefina Román, advirtió que de desaparecer el Instituto no solo se afectaría el derecho de acceso a la información, sino la confiabilidad de México para hacer negocios, pues se quedaría sin la autoridad que se encarga de proteger los datos personales.
«Hay que decir que la protección de datos es un tema de relevancia global, y su adecuada gestión es una condición indispensable para mantener en principio relaciones diplomáticas, pero también comerciales con otros países», manifestó.
«La falta de garantías establecidas en los instrumentos internacionales de los que forma parte el Estado mexicano podría llevarnos a ser percibidos como un país poco seguro para hacer negocios».
El comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, dijo que en el instituto están abiertos al diálogo y han realizado un análisis para mejorar y ser más eficientes.
«Desde el INAI, mis compañeras comisionadas y un servidor llevamos a cabo meses platicando y diseñando escenarios sobre cómo podríamos mejorar la efectividad de nuestro instituto con más transparencia, más austeridad y racionalidad en el uso de los recursos públicos y estoy convencido de que las propuestas que hemos intercambiado servirán precisamente para este diálogo que hoy proponemos», aseveró.